Se fue de Puebla, su ciudad natal.
El trabajo lo llevó al Estado de México, concretamente a Nicolás Romero.
De cuando en cuando vuelve para visitar a su familia o atender asuntos personales.
El 19 de noviembre de 2016 –fatídico aniversario de la explosión de San Juanico—, estacionó su Toyota Avanza con placas MLY-7107, sobre la 10 oriente, entre 4 y 6 norte, en el corazón de Puebla.
Ninguna señal, ni banderola extraña ni guarniciones amarillas que supusieran falta a las reglas de la ciudad.
Lógica que para Ulises González Chávez, agente de vialidad y conductor de la patrulla T-532, no resultó la misma; retira la placa –sin dejar copia de la boleta de infracción por $600–, junto con las de otros vehículos –con placas foráneas– estacionados ahí.
Juan Carlos González Pérez, ciudadano inconforme cuya única arma es la denuncia, graba el procedimiento.
No imaginó que ese fuera el inicio de un viacrucis –para estar a tono con los días que nos ocupan— prolongado por meses en aras de lo que él considera Lo Justo.
Luego de perder la placa, no pudo regresar al Estado de México, sino hasta el día siguiente, después de buscarla –sin boleta de infracción—en el módulo del Palacio Municipal, en la oficina de la 4 poniente (junto al mercado Venustiano Carranza), en el corralón de Camino a San Felipe, en la 105 poniente (Loma Bella) y finalmente en la Zona 5 (Xanenetla), donde el “Oficial Jiménez” finalmente le entregó copia de su infracción, informándole que del total de boletas logradas ese día en la zona, sólo 5 fueron con placas poblanas.
¿Será un compló contra los fuereños?
Una de dos: pagaba la multa y se callaba o se inconformaba por lo que consideraba una injusticia. Tomó la ruta larga: presentar un recurso de revisión, invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, tratando de presentar pruebas, desahogando diligencias, acudiendo a la Sindicatura para preguntar sobre el curso de su caso y encontrarse luego de cinco meses con que perdió porque “no dispone de un medio propio de reproducción” para revisar un video que entregó como prueba.
Al estilo de esa película donde por una equivocación, el protagonista, un norteamericano, va a parar a una celda en Tailandia, donde nadie habla inglés, nadie le cree y lo único que cuenta es la ley dentro de esa prisión, Juan Carlos se ve disminuido al agotar todas sus instancias –al menos $500 por cada viaje a la ciudad de Puebla para atender el caso; permisos en el trabajo; postergación de actividades personales, familiares, además de la monserga de lidiar con la necedad y cerrazón de las autoridades.
— Ante la obviedad del atropello decidí presentar un recurso de revisión, proceso que me ha obligado a contratar abogado, porque de otra manera, debía acudir a la Procuraduría del Ciudadano, pero la asignación del abogado y las citas para ello, tomarían mínimo otro mes; he pedido permisos en el trabajo para permanecer o trasladarme a Puebla con el fin de desahogar las diligencias del recurso, gastar en viajes y hacer llegar al asesor jurídico los acuerdos tomados. Estoy obligado a disponer de un domicilio en la ciudad para recibir notificaciones porque no puedo presentar este Recurso de Revisión como foráneo.
Finalmente, el 7 de abril el Lic. Luis Ángel Cisneros Solano declaró desierta la diligencia de desahogo de pruebas, toda vez que la única presentada –el video–, no cuenta, pues el ofendido no tiene un medio de reproducción propio –habiendo una computadora en cada escritorio donde se puede reproducir la mentada prueba.
¡Joder, devuélvanle la placa al hombre, por amor de Dios!
F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
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