El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito ha determinado mediante ejecutoria del 27 de marzo de 2017 que todas y cada una de las pruebas con las que la Fiscalía sustenta las acusaciones contra Jorge Aduna son ilegales.
El juez Cuarto Penal dictó un nuevo auto de formal prisión contra el empresario Jorge Aduna Villavicencio, incumpliendo con la sentencia ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.
Así lo afirma el abogado defensor, Ramón Aduna, después de conocer que la autoridad federal le concedió el amparo promovido, y estableció que todas las pruebas y las detenciones de todos los coprocesados son ilegales.
Por unanimidad de votos el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito resolvió amparar y proteger a Aduna Villavicencio del auto de formal prisión dictado por el juez Cuarto el 26 de febrero de 2016, por lo que tendrá que emitir una nueva resolución.
De acuerdo con el abogado, la revisión del amparo derivó de una serie de irregularidades en el proceso 76/2016, en el que a su cliente lo señalan como autor intelectual de la supuesta desaparición de seis personas.
En entrevista para Síntesis el defensor del empresario precisó que ha quedado demostrado que el proceso está colmado de violaciones procesales y constitucionales, en que las pruebas se han reunido de manera ilegal y violando derechos fundamentales.
“Se han desahogado infinidad de pruebas y dictámenes y se ha evidenciado que el actuar de los funcionarios de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) actuaron de manera dolosa, alejada de todos los protocolos que rigen su actuar y eminente violación de los derechos fundamentales”.
Una de las irregularidades fue la detención de dos personas en un hotel de Cuernavaca, Morelos, por la que se inició la carpeta de investigación SC01/2220/2016, en mayo de 2016 en Jiutepec, Morelos. De esta detención se inculpa a Aduna Villavicencio.
Por dicha acción, de acuerdo con el abogado existe en Morelos una denuncia por privación ilegal de la libertad de esas dos personas con desglose a la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Otra de las irregularidades es la diligencia de cateo a un domicilio diferente al que se ordenó por el juez, en el que se “plantaron” indicios.
Añade que a los coprocesados se les torturó para involucrar a Aduna Villavicencio y hacerlos firmar declaraciones falsas.
Aduna García detalló que desde noviembre del 2016, un juez federal ordenó al juez Cuarto que practicara protocolos de tortura a través de peritos oficiales pero es la fecha en la que no los ha nombrado ni ha practicado dichos protocolos.
La defensa puntualizó que a los medios de comunicación se les dio la versión del robo a un domicilio de familiares del señor Aduna pero eso no ocurrió y por tanto no existe denuncia, así como el vínculo con la existencia de una tableta electrónica pero en los indicios no existe tal objeto ni aparatos telefónicos que se le adjudican a Aduna Villavicencio.
“Al existir inconsistencias y violaciones, se espera que la actual administración actúe apegada a legalidad”, afirmó Aduna García.
Finalmente el abogado dijo que ya hay denuncias contra algunos de los policías que participaron en la detención y “se harán las denuncias contra funcionarios que participaron en la ilegal integración de la averiguación previa”.
