En el año de dos mil once, la Constitución Política de nuestro País sufrió uno de los cambios más importantes en la forma de regular la vida en sociedad, y desde esa fecha se determinó que las autoridades están obligadas a defender y promover los derechos humanos de las personas, en sus tres niveles de Gobierno, es decir, desde la Presidencia de la República, pasando por los Gobiernos de los estados y llegando hasta las Presidencias Municipales en nuestro México, sin embargo, desde la óptica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, todos y todas podemos ayudar a que la armonía en nuestro entorno familiar, escolar, laboral y vecinal, sea con total respeto a nuestra forma de pensar, ser, vestir y expresarse.
Pero el respeto a nuestros derechos humanos surge en gran medida del deber que tenemos como ciudadanos de cumplir con las normas básicas de convivencia entre nosotros, lo que implica que si desde el hogar provocamos el cumplimiento de aquéllas a favor de nosotros mismos y los demás, el resultado sin duda alguna será favorable para todos. Y me refiero, por ejemplo, a un tema ahora cotidiano y comentado en los medios de comunicación y entre la sociedad misma, como es el Operativo Mochila.
Resulta que cuando ocurre una desgracia qué lamentar dentro de un centro escolar, muchas personas opinan al respecto, y cierto es, que todos y todas tenemos derecho a emitir un juicio de valor, pero considero que después o antes de decir lo que sentimos, creo sería oportuno considerar que podemos ser parte de la solución ante algún problema derivado de una conducta de un estudiante en una escuela, y me refiero, a que el Operativo Mochila, pudiera empezar desde el hogar, pues bien lo dice la frase del ex presidente uruguayo Pepe Mújica “en la casa se aprende a saludar, a dar gracias, a ser limpio, honesto, puntual, correcto, a hablar bien, a no decir groserías, a respetar a los semejantes y no tan semejantes, a ser solidario, a no robar, no mentir; mientras que en la escuela se aprenden matemáticas, lenguaje, ciencias, estudios sociales, inglés y geometría y se refuerzan los valores que los padres y las madres han inculcado en sus hijos”.
En este nuevo y vertiginoso ritmo de vida del que ahora somos partícipes quienes somos padres o tutores de un estudiante, no es fácil, pero tampoco imposible colaborar para evitar que desgracias como la ocurrida en meses pasados en Monterrey, Nuevo León, se repitan en nuestro Estado. Lo sucedido ahí, no es un asunto menor, y aunque tampoco es para alarmarnos, deberíamos atender el problema de fondo en su real dimensión.
Así que, estimado (a) lector (a) propongo que iniciemos una cruzada estatal desde casa para que revisemos las mochilas de nuestros estudiantes, a fin de que éstos no lleven a sus escuelas objetos que puedan ser utilizados como armas, o bien, substancias que están prohibidas por la Ley, con el ánimo no de juzgar, satanizar, ni criticar a quien lo hace, sino, prevenir hechos que pudieran afectar no solo a nuestros familiares directos, sino a la sociedad en su conjunto y de la que somos parte.
Lo anterior no busca ni pretende sugerir cómo enseñar ni cómo educar a sus hijos, ese es su derecho y su voluntad de hacerlo como usted lo considere oportuno, pero sí, es obligación de la Institución en la que laboro compartir con ustedes la preocupación de un problema que estamos muy a tiempo de atender y resolver de manera conjunta, ya que ser parte de la solución con la prevención, puede mantener vigentes los derechos humanos de todos y todas.
Los esperamos la próxima semana en otra columna de derechos humanos. Gracias por su preferencia.
Lic. Pascual Mendoza Miguel
Visitador adjunto
