Al ser mayo el mes de la declaración patrimonial, la secretaría de la Contraloría, Citlali Jaramillo Ramírez expuso que el proceso va lento, ya que sólo el 14 por ciento de los funcionarios ha presentado su declaración, es decir, mil servidores públicos.
“Vamos un poco lentos, vamos en 14 por ciento, estamos haciendo la campaña para que todos tengan el conocimiento de que tienen está obligación, como cualquier servidor público, pues todos los servidores públicos, que son aproximadamente 8 mil, así como todos los que son municipales, el Poder Judicial y el Congreso del estado tienen que ir con Auditoría Superior, pero al final todos tenemos que presentar la declaración patrimonial”.
Destacó que está es una obligación que tiene cualquier servidor público, por lo que hacen esta campaña para que no se les olvide o lo dejen hasta el final, porque luego están con las prisas, sufriendo y queriendo que se les apoye.
“Este es un sistema que no permite excederse de la fecha programada, 31 de mayo es el último día, entonces vale la pena que lo hagan con tiempo”.
Jaramillo Ramírez refirió que ya se han retratado mil servidores públicos con su declaración patrimonial, y empujan para que cada vez sean más, por lo que espera que esta semana los avances sean más significativos, “esperamos que esta semana ya estén todos enterados y estén haciendo lo correspondiente para presentarlo a la brevedad, el plazo es el 31 de mayo y ni 5 minutos más, a las 12 de la noche se acabó el encanto”.
Para presentar la declaración patrimonial, los funcionarios pueden acudir al área de la Contraloría, a la Dirección General de Responsabilidades, donde se les va a asesorar gratuitamente, o también pueden visitar la página web que es donde viene el formato.
La contralora advirtió que las sanciones para quienes no cumplan con esta declaración van desde amonestación privada, amonestación pública, inhabilitación o multas económicas.
Los funcionarios obligados a presentar su declaración son desde el nivel 9, que son los encargados de departamento, pero si se trata de funcionarios que manejan recursos, deben declarar no importando su nivel en gobierno, “en el Ejecutivo somos 8 mil, pero los municipios, el Poder Judicial, el Congreso, los diputados, todos tienen que presentarlo”.
Apuntó que junto con la ASEH se van repartiendo la información de estas declaraciones.
Jaramillo señaló que si tras un mes el funcionario sigue sin presentar su declaración, se le hace la inhabilitación o separación temporal del cargo, y si después de 6 meses persiste la actitud sobreviene el cese.
Indicó que la mayoría de los secretarios ya presentaron su declaración, aunque aún faltan tres de ellos.
Mencionó que a través de las oficinas administrativas se notificó a los funcionarios de esta obligación, dándoles instrucciones y pasos para que no tuviesen dudas, aunque para cualquier situación puso a disposición la asistencia de la Contraloría para resolver dudas.
Para este asesoramiento deben acudir a la Contraloría para que no se atrasen, en la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
“La gente es muy importante que transparente los recursos que manejan, que sepan pues que están al pendiente de sus obligaciones fiscales, y la declaración de situación patrimonial es muy importante porque a los ciudadanos normales, si algo les molesta es ver a los nuevos ricos, que no coinciden con sus ingresos”.
“Esta declaración en particular, refleja la evolución patrimonial, no puede ser que de la noche, como nopal (en alusión a que tiene muchas propiedades), esa es la importancia de la declaración patrimonial”.
Recordó que por ahora no son abiertos los datos, pero lo va a ser en la declaración 3 de 3, que es una iniciativa de algunas asociaciones y forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción, pero por lo pronto, como no ha sido publicada la Ley Estatal Anticorrupción, no es obligatorio, aunque ya hay formatos en que se puede hacer, aunque una vez publicada esta ley todos van a tener que manejarla de manera abierta la declaración de conflicto de interés.
El conflicto de interés lo ejemplificó con situaciones como que un funcionario tenga una constructora, o que los alcaldes tengan como tesorera a sus esposas, “ese tipo de cuestiones no puede haber”.
