La Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo (PT) solicitará al gobierno del Estado que haga valer los acuerdos firmados con 24 organizaciones del tianguis y el ayuntamiento de Texmelucan e intervenga a fin de evitar que la alcaldía siga clausurada por parte de la Federación de Comerciantes, que lidera Manuel Valencia Martínez.
Zeferino Martínez, Comisionado Nacional del PT señaló que de las seis solicitudes realizadas por Manuel Valencia para retomar las mesas de diálogo y entregar la alcaldía, la mayoría ya tienen consenso con otras organizaciones del tianguis, sin embargo él dirigente recurre a la extorsión, el chantaje económico y político para lograr su beneficio.
En este sentido indicó que el edil no puede aceptar acuerdos en los que se establezca eliminar procesos legales en contra de líderes de la Federación de Comerciantes como lo solicita Valencia Martínez, ya que » la ley no se puede negociar y si alguien cometió un delito se tiene que seguir el curso legal del proceso».
Por su parte Mariano Hernandez Reyes afirmó que, en su carácter de también diputado local, pedirá que se revise el estatus de las diversas ordenes de aprehensión que existen contra Manuel Valencia y se respalde al ayuntamiento para recuperar la alcaldía pues «San Martín no puede ser rehén de una sola persona».
A dos semanas de que la alcaldía permanece tomada por la Federación de Comerciantes, los dirigentes partidistas respaldaron el trabajo que ha desempeñado el edil petista y enfatizaron que la solicitud hacia el gobierno estatal será que brinde las garantías y apoyo para avanzar en temas como el orden en el tianguis y el comercio informal en el municipio.
Señalaron que quienes dirigen al PT no sólo en el estado si no a nivel nacional están preocupados por lo que pudiera ocurrir en Texmelucan ya que la situación podría derivar en otras reacciones sociales y esto mismo le pidieron reflexionar al Ejecutivo del Estado.
El edil, Rafael Núñez Ramirez expuso que el cierre de la presidencia está afectando a más de 150 mil texmeluquenses debido a que una organización no tiene disposición de sumarse a los acuerdos construidos para el bien común y alertó que la dotación de recursos para el funcionamiento de diversas áreas operativas se puede ver afectada de mantenerse tal panorama.
