La ex candidata independiente Ana Teresa Aranda Orozco, señaló que una vez más quedó demostrada la parcialidad de los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado (IEE), por lo que consideró que los partidos políticos deberán pedir la atracción de la elección del 2018, por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar una contienda democrática.
En conferencia de prensa con los medios de comunicación, la ex contendiente a la gubernatura, sentenció que ante el engaño que hizo el órgano electoral local a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) sobre los candados para el manejo de firmas de apoyo, los consejeros no están capacitados para dirigir la elección del 2018.
Asimismo, expresó que la absolución de su abogado por supuesta alteración de las cédulas de apoyo entregadas al IEE, puede apelarla la propia fiscalía en los siguientes tres dias, sin embargo afirmó que será la instancia que la resuelva confirmará la exoneración de Víctor León, lo cual evidenciará una vez más la parcialidad de los consejeros electorales.
Aranda Orozco expresó que ahora la instancia federal tiene que reencausar la investigación pues existe un delito impune en el que se debe aplicar la ley, pues hubo suplantación de firmas y que ni ella, ni Víctor León son responsables, y ahora la autoridad electoral deberán responder.
En ese sentido, exhortó a las diferentes fuerzas políticas a demostrar su independencia y autonomía de la autoridad electoral estatal y federal, y exijan la destitución de los consejeros del órgano comicial en Puebla, debido a que se evidenció la manipulación de las cédulas de apoyo ciudadano para dificultar su participación como candidata independiente.
En su oportunidad, el abogado Víctor León Rueda sostuvo que derivado del proceso reencausado por el juez y que surgió por la denuncia ante la Fepade, funcionarios como Dalhel Lara Gómez, secretaria ejecutiva, y Amalia Varela, directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, podrían enfrentar una pena hasta de 12 años de prisión por la falsificación de firmas.
