Ciudad de México. Mediante un punto de acuerdo, el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, solicitó que comparezcan ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía (SENER); y José Antonio González Anaya, director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para que rindan un informe sobre las políticas, acciones y estrategias implementadas para combatir el robo de hidrocarburos y los resultados obtenidos.
El legislador del Partido Acción Nacional, señaló que los mexicanos demandan acciones concretas de la autoridad ante el fenómeno creciente que representa el robo de combustibles.
Consideró que “no se puede exigir a los mexicanos hacer frente a los fuertes incrementos en los precios de los combustibles que se han registrado – y los que se seguirán generando- y por otro lado, mantener políticas y acciones fallidas en el combate a un delito cuyos costos económicos – y sociales- son altísimos para afrontar la grave situación económica y social que el gobierno federal busca sanear”.
Aseveró que es indispensable conocer las políticas, acciones y estrategias que la SENER y PEMEX están llevando a cabo y los resultados que se han obtenido.
“Lo anterior, más allá de las políticas judiciales, de investigación y persecución del delito que involucra a autoridades de los tres niveles de gobierno en donde las autoridades de seguridad locales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR) juegan un papel fundamental”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 88% de la energía primaria que se consume en México proviene del petróleo y aporta entre el 7% y el 10% del PIB.
Asimismo, alrededor del 30% de los ingresos presupuestarios del sector público proviene de ingresos petroleros. “Sin embargo, el sector energético en México enfrenta un grave problema que es catalogado de seguridad nacional: el robo de hidrocarburos”.
El punto de acuerdo señala que el robo de combustibles en los últimos 10 años pasó de estar bajo el control de bandas criminales con operaciones locales, a convertirse en la segunda fuente de financiamiento del crimen organizado, provocando pérdidas multimillonarias para el Estado Mexicano.
Históricamente los estados más afectados han sido Puebla, Sinaloa, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco. Sin embargo, con la capacidad de adaptación y movilización de las bandas criminales para reorganizarse y cometer el delito en otros ductos en caso de verse presionados por las labores de las fuerzas de seguridad, se ha visto que en esta administración, en municipios de los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Querétaro, Michoacán y Colima, el delito ha incrementado significativamente.
El fenómeno delictivo, añade el documento, se ha agravado por el contubernio que existe entre el crimen organizado y algunas autoridades que permiten la comisión del ilícito con altísimos grados de impunidad.
Según datos federales, de 2006 a 2015 fueron detenidos 123 trabajadores y 12 ex trabajadores por su probable participación el robo de combustibles.
De acuerdo con datos publicados por el medio digital Animal Político en febrero de este año, tan solo en el periodo 2009-2012 las pérdidas económicas en PEMEX por la fuga y robo de combustibles ascendieron a 62 mil 761 millones de pesos.
Ya en la administración actual del presidente Enrique Peña Nieto, las pérdidas de PEMEX por fugas y robo de hidrocarburos es de 97 mil millones de pesos –55% superior a lo registrado en los últimos cuatro años de Calderón-, lo que implica un acumulado 2009-2016 de un escalofriante total de 159 mil 957 millones de pesos.
En 2013, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que el robo de combustible por la delincuencia organizada ascendió a 5 mil millones de dólares anuales. Por otro lado, Francisco Fernández Lagos, Subdirector de Distribución de Pemex Refinación, en 2014 informó que en promedio cada dos horas se perforan ductos para extraer de manera ilegal gasolina, diésel, gas, petróleo crudo o petroquímicos.
Al día de hoy, se estima que el costo para PEMEX de estas actividades ilícitas asciende a cerca de 35 mil millones de pesos al año. Esto equivaldría a alrededor del 4% del valor de la gasolina que se mueve al año en el país.
Hablando del número de tomas clandestinas, tenemos que tan sólo en 2016, PEMEX registró 6 mil 159 tomas; cifra casi 800% superior a la del 2010.
Inclusive, el año pasado se tuvo una pérdida 24% mayor a la registrada en 2015, siendo así el único año con pérdidas registradas superiores a los 2 mil millones de litros anuales.
Aunado al robo de los hidrocarburos, se deben sumar los costos que implica reparar una toma, el cual oscila entre los 120 mil y 250 mil pesos, más el tiempo que involucra su reparación, que es de aproximadamente 24 horas; mismo tiempo en que se interrumpe el suministro de hidrocarburos a diversos centros de consumo.
Por este concepto, en 2014 Pemex erogó para los trabajos de reparación 45.3 millones de pesos en mano de obra; las composturas costaron 360 millones; el pago por saneamiento de áreas afectadas por derrames fue de 230.9 millones de pesos, y la interrupción de bombeo y transporte costó mil 356 millones de pesos.
Gil Zuarth, denunció que de acuerdo a cifras de la PGR, 9 de cada 10 casos de robo de combustible quedan impunes.
