Legisladores federales del Partido Encuentro Social ente ellos el hidalguense Alejandro González Murillo, proponen al Congreso de la Unión reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, para poder aplicar prisión preventiva oficiosa a quienes incurran en cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
La finalidad, a decir del diputado federal por Hidalgo, es acabar con todo acto de corrupción por parte de los funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno que por diferentes razones hacen mal uso de los recursos públicos y además evadan la acción de la justicia, además de que nada ni nadie los obliga a reparar los daños o al menos regresar lo que se llevaron.
“Con la aprobación de esta iniciativa, se dotaría a los ministerios públicos de la autoridad para pedir al juzgador de control institucional, que solicite y aplique prisión preventiva oficiosa en la comisión de delitos penales como peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito”.
González Murillo, añadió que la propuesta presentada ya ante el Congreso de la Unión, plantea dos objetivos primordiales que son: el poder inhibir la comisión de las mencionadas conductas, por la imposibilidad de la libertad bajo caución, y evitar la evasión de la acción de la justicia para que los responsables sean investigados y en s caso sancionados conforme a derecho.
“Porque es lamentable que se den escándalos de corrupción que han puesto a México en la mira internacional, como los asuntos que propiciaron un debate sobre los casos de Odebretch y Oceanografía, en el que se habló de presuntos desvíos de fondos públicos y redes de corrupción, mientras que los implicados en esos y otros ilícitos han buscado evadir la acción de la justicia, ocultándose o huyendo a otros países”.
Para finalizar, el también coordinador del grupo parlamentario de legisladores federales en San Lázaro, manifestó que ya es tiempo de implementar medias para que la ciudadanía pueda creer nuevamente en los servidores públicos, por lo que urge legislar en la prevención de delitos como el cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, para los que se pide prisión preventiva.
