Ciudad de México. Senadores del Grupo Parlamentario del PRI presentaron punto de acuerdo para solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a que instrumenten un programa de auditorías periódicas a las estaciones de servicio de gasolina.
A fin de verificar el correcto funcionamiento de sus controles volumétricos y detectar posibles prácticas de evasión o elusión fiscal, así como garantizar que despachen litros completos de gasolina y diésel y “para inhibir la compra venta ilegal de combustible”.
También exhortaron a Pemex y a los gobiernos de las entidades federativas para que, en coordinación con sus respectivos municipios, diseñen y promuevan una campaña de “denuncia ciudadana” en todo el territorio nacional, «con el objetivo de incentivar a la población a reportar el robo de combustible y los expendios clandestinos de gasolina y diésel».
Los legisladores priistas, consideraron que ante el incremento sostenido del robo de hidrocarburos en diversas entidades federativas del país, “se requiere de una mayor colaboración y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, y la sociedad en general, con el propósito de combatir dicho delito, el cual no sólo tiene un impacto adverso en las finanzas públicas, también daña el medio ambiente, a la vez que afecta la economía de los consumidores y pone en riesgo la seguridad, integridad y la propia vida de las personas”.
Informaron que Puebla y Guanajuato concentran el mayor número de tomas clandestinas, 2 de cada 5 se ubican en el territorio de estas entidades federativas.
«Tan sólo en los últimos cinco años, el robo de combustibles en el estado de Puebla presentó un incremento de 1,971%, al pasar de 74 a 1,533 tomas clandestinas, respectivamente; además, entre enero y febrero de 2017 se detectaron tomas clandestinas en 17 municipios».
Recordaron que en 2015 las tomas clandestinas ocasionaron problemas de desabasto en varias entidades del país, al respecto Pemex comunicó que los retrasos en la distribución se habían derivado de las continuas interrupciones en el suministro de combustibles por la red de ductos a causa de las tomas clandestinas, principalmente en los poliductos Minatitlán-México y Salamanca-Guadalajara.
“Por lo anterior, es urgente fortalecer las acciones para combatir este delito que pone en riesgo la seguridad y la vida de miles de familias. Basta mencionar que en diciembre de 2010, la perforación ilegal de un ducto provocó una explosión en San Martín Temexlucan, dejando como saldo 27 muertos y 32 heridos”.
