El contacto de combustibles con el medio ambiente y los seres vivos provoca daños irreversibles para los que no está preparado el país. Las tomas clandestinas descontroladas en México desatan un problema más grande que el económico para Pemex.
No obstante, las autoridades no cuentan con un plan emergente para cada región que permita atender situaciones extraordinarias como una fuga, un derrame, una explosión e inclusive el mismo deterioro natural de la infraestructura petrolera.
Los altos índices de sustancias tóxicas, como el benceno, al entrar en contacto con los seres vivos, la tierra y el aire provocan a largo plazo enfermedades en las vías respiratorias, daño a la piel y cáncer.
Un detonante inicial es el mal manejo que tienen los llamados “huachicoleros” al extraer el líquido inflamable, ya que desde que entra en contacto con su piel puede estar afectando gravemente su salud; no obstante, la extracción del hidrocarburo de forma ilegal se hace con recursos ilimitados y la preocupación de que exista algún derrame del líquido no es prioridad de los infractores.
Es necesario integrar planes de contingencia para cada una de las regiones del estado y las situaciones que se presentan cuando el petróleo o combustible entra en contacto con los seres vivos y el medio ambiente, señala Gerardo Sánchez Rojas, doctor en Ciencias de Ecología y Manejo de Recursos.
La filtración daña el entorno de manera inmediata, sin embargo, al estar lo ductos bajo tierra es imposible notar qué está ocurriendo, por lo que el impacto puede estarse generando sin siquiera ser notado. En contra parte, el aire que se ve afectado al ocurrir una explosión por tomas clandestinas en su gran mayoría se mezcla con los tóxicos y van directo al cuerpo de los seres que se encuentren más cerca.
“Parece que no hay un plan de contingencia preparado porque al haber una explosión, tardan mucho en actuar”, si bien las condiciones del estado propician a que los tóxicos se disipen de manera natural, una explosión puede llegar a descontrolarse dependiendo del lugar donde se origine y considerando los factores vegetales.
En el caso de los pastizales, permiten que el fuego se propague más rápido pero su duración es menor. Tratándose de lugares boscosos, la biomasa de la flora permitirá contener el incendio pero su duración puede ser por mucho tiempo. Para ambas circunstancias no existe un plan de acción que permita dar respuesta efectiva y controlar la propagación de sustancias dañinas para la salud y el medio ambiente.
Necesario un estudio a ecosistemas: Sánchez
Los municipios de Hidalgo donde se ha registrado el mayor número de casos son: Cuautepec de Hinojosa, Tlanalapa, Tula, Tepetitlán y Tepeapulco; aunque también se han presentado casos recientes en Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan y Santiago Tulantepec. Con menor medida destacan Epazoyucan, Pachuca, Chapantongo, Atitalaquia y Mineral de la Reforma.
Para consideración, el doctor en Ciencias de Ecología y Manejo de Recursos apunta a la necesidad de implementar un plan de acción sistemático emergente que permita controlar fugas por tomas clandestinas, fallas de infraestructura e incendios que dejan como resultado la filtración de sustancias químicas; de igual manera, realizar un estudio pertinente del ecosistema en donde se encuentre el paso de ductos y refinerías para detectar presencia de tóxicos.
“No se ha calculado la dimensión del problema”, indica Sánchez Rojas en relación al impacto ambiental y a la salud que puede estarse generando en estos momentos, ya que el problema de la extracción viene desde años atrás; aunado a que no se consideran sanciones en materia ambiental para los huachicoleros, únicamente por el robo del hidrocarburo, según indicó Federico Aguilar Mendoza, licenciado en Sociología.
Proponen mayor sanción
Por lo anterior, el diputado federal Fernando Moctezuma propuso ante el pleno del Congreso de la Unión, incrementar las penas contra ordeñadores de ductos, pasando de entre 15 a 25 años de prisión a por lo menos entre 20 y 30, derivado también de la preocupación porque los delincuentes ponen en riesgo la integridad de la población que habita en las regiones donde se localizan los ductos de donde se sustrae el combustible.
No obstante, el sociólogo señala que la extracción lleva más tiempo del que se cree.
Desde el sexenio de Felipe Calderón como presidente de la República hasta la actual de Enrique Peña Nieto, los hechos se han recrudecido por la magnitud de personas que se han involucrado, algunos de ellos llamados “de cuello blanco” con quienes el gobierno no parece encontrar solución.
La red de corrupción va más allá de una imagen social que el gobierno y los medios han impuesto, no se trata únicamente de los sujetos que detienen con camionetas y cilindros para almacenar el combustible “influenciados por las cuestiones económicas de la sociedad como el salario mínimo”, detrás de ellos se ocultan empresarios, marcas fuertes en el mercado que realzan y determinan la distribución entre estados.
“En cuanto a la situación del desarrollo industrial que promete el país son situaciones que deben atenderse urgentemente”, indica Federico Aguilar, agregando que el crimen va más allá de los primeros respondientes, es decir, desde la sociedad que lo consume hasta los familiares que apoyan, niños o mujeres que actúan como halcones para “dar el pitazo”.
De acuerdo con lo anterior, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en el marco del 79 aniversario de la expropiación petrolera en México, comunicó que se deben reconocer que los delitos cometidos en materia de hidrocarburos generan graves consecuencias en la vida cotidiana de las comunidades.
Con mayor frecuencia el robo de hidrocarburos lastima la integridad de los niños de las poblaciones más vulnerables de la zona, toda vez que las organizaciones delictivas los están utilizando como espías y vigilantes para cometer estos delitos, e incluso se comete en su contra el delito de trata por trabajo forzoso.
Tula al borde del peligro
Ismael Gadoth Tapia Benítez, presidente municipal de Tula de Allende, aseguró que dicha problemática preocupa al municipio por el peligro que representa para la sociedad el almacenamiento inadecuado del combustible altamente peligroso.
Al ser un municipio propenso a dicha actividad ilícita por la cantidad de ductos que atraviesan, dijo que es necesaria la vinculación con la sociedad quienes en las últimas fechas han sido los que denuncian cuando detectan la presencia de huachicoleros, con la participación del Ejército mexicano, la policía federal y estatal al igual que los elementos de Seguridad municipal.
Al respecto, Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública del estado, reconoció que es una actividad que pone en riesgo a la población y las parcelas donde se lleva a cabo el robo teniendo un impacto mayor que solo la extracción del hidrocarburo.
De septiembre a la fecha, la dependencia aseguró más de medio millón de litros de hidrocarburo, más de 270 vehículos y más de mil piezas y contenedores con las que se extrae y traslada el líquido.
Acciones en Hidalgo
El gobierno estatal, por orden del gobernador Omar Fayad Meneses, ha ofrecido recompensa a quien denuncie a las personas que participen en extracción ilegal de hidrocarburos, como una medida para el combate y que no siga creciendo e induciendo a los jóvenes a participar.
De manera que el procurador general de Justicia del estado, Javier Ramiro Lara Salinas, adelantó que en cualquier momento se puede denunciar, garantizando el cuidado de los datos de las personas; sin embargo, a la fecha no se habla de cantidades de recompensa.
Finalmente, Carlos Murrieta Cummings, director general de Pemex Transformación Industrial (TRI), consideró crítico que se logre frenar el robo a los oleoductos y coincidió en que corrompe la sociedad involucrando a jóvenes a que hagan actividades ilícitas.
Pese a destacar que es prioridad de Pemex atacar, dijo que es también un asunto que compete a todos donde se debe informar, denunciar y colaborar si se detecta cualquier situación anormal desde las gasolineras.
Concluyó con el plan de acción de Petróleos Mexicanos que busca atacar toda la cadena, desde no facilitarles que tomen el producto de las instalaciones ya sean ductos, terminales o refinerías hasta no facilitarles la venta y el traslado por toda la República.
