¿La ocurrencia reiterada de las mismas acciones reprobables de parte del ejército justifica repetir los mismos comentarios censurando su acción? Suponemos que no. Pero es difícil no autoplagiarse cuando las fuerzas armadas nos muestran que el exceso de fuerza podría no ser una triste excepción, sino la regla de su actuar. Sinceramente, no lo deseamos, como tampoco queremos que la corrupción sea el rasgo característico de los cuerpos policiacos.
El primer escándalo procedió de un video que la propia banda de delincuentes que tiene su centro de operaciones en Palmarito Tochapan. Se aprecia lo que parece ser un homicidio a sangre fría cometido por un soldado en agravio de un huachicolero. Las imágenes recorrieron los medios impresos, electrónicos y la internet y merecieron más de un comentario de condena. No faltó, sin embargo, quien creyera que este trato brutal era el que los ladrones de combustible “se merecían”. No fueron muchos los que opinaron en este sentido, afortunadamente.
Ahora, nuevamente surge a la luz pública el caso de un joven que presumiblemente ordeñaban un ducto de Pemex. Los hechos tuvieron lugar la noche del 22 de mayo de 2017 en la comunidad de San Bartolomé Hueyapan, municipio de Tepeaca. Los uniformados sorprendieron a huachicoleros, quienes recibieron a los soldados a balazos. Los efectivos de la Sedena respondieron al fuego; en la persecución, una de las camionetas de los delincuentes volcó, muriendo uno de sus ocupantes.
El problema aquí es que el ladrón muerto presentaba un disparo de arma de fuego, pero no tenía arma alguna que justificara su muerte como un acto de defensa propia. No se ha determinado si la herida fue la causa de su deceso o la misma volcadura del vehículo. Tampoco es posible señalar aquí si se trató de una ejecución extrajudicial.
Qué difícil es pedirle a un uniformado, sea policía o soldado, que proteja a la sociedad y a la vez, que controle el alcance de sus acciones, pese a la violencia ejercida por los delincuentes. Parece una trampa o por lo menos un grave contrasentido. No obstante, la sociedad debe exigir por igual la aplicación de la justicia, el castigo a los delincuentes y la investigación de estos hechos oscuros.
Retiremos lo dicho, aunque de puro repetido resulte molesto o por lo menos incómodo: si exigimos que el ejército no incurra en violaciones de derechos humanos no es por defender a los delincuentes, sino porque queremos confiar en las fuerzas armadas. Y una actuación arbitraria e irracional es algo que el ejército no merece. Tampoco la condena en automático, a sabiendas de lo difícil de su labor. Lo diremos de esta forma y de todas las que sean posibles.
