Mañana vence el plazo para que todo servidor público del estado presente su declaración patrimonial ante la Contraloría, así como la Auditoría Superior del estado (ASEH), informó el titular de este último organismo, Rodolfo Picazo Molina, quien añadió que hasta el momento es baja la respuesta.
Sobre el tema, el auditor dio a conocer que en la entidad son un total de ocho mil servidores públicos de diferentes niveles, los que tienen conocimiento de que deben presentar su declaración patrimonial, de los cuales mil 340 lo tienen que hacer ante la ASEH, además de manifestar que hasta el inicio de la semana en curso era menos de la mitad la que había acudido a cumplir con esa obligación.
“En total son ocho mil los funcionarios que deben hacer su declaración, tanto en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), como en la Contraloría; en el caso de la ASEH, son mil 340 funcionarios los que tienen que cumplir esta obligación de la cual a la fecha se tiene un porcentaje de avance de apenas el 34.1 por ciento que ha acudido”.
Picazo Molina, añadió que los sujetos obligados a presentar su declaración ante la Auditoría son los 30 diputados, así como el personal de la ASEH, 84 presidentes municipales, síndicos y regidores, además de afirmar que en el caso de los diputados sólo 16 han cumplido con su declaración y restan 14 mientras que del personal de la Auditoría de 200 funcionarios han acudido 199, y de los 84 alcaldes sólo 12 han presentado su declaración.
“De los regidores de los 84 municipios, se espera un total de 890 servidores de los cuales 175 presentaron ya su declaración, mientras que de 95 síndicos que tienen que hacer este informe sólo han cumplido 25, de esta manera el total es de apenas un 34.1 por ciento de estos servidores públicos los que han cumplido con esta obligación”.
Por último, el auditor, afirmó que la ASEH, podrá realizar diversas acciones de sanción, mientras que en el caso de los funcionarios que hayan llegado al cargo por elección popular, se les multará a través un apercibimiento, además de que se solicitará a la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, que autorice a la Auditoría a realizar una investigación sobre el patrimonio de los funcionarios que no cumplan.