El gobierno regional de Cataluña, en el noreste de España, anunció la celebración de un referéndum de independencia el próximo 1 de octubre, avivando su largo conflicto con el gobierno central en Madrid, que señala que la consulta es ilegal.
La consulta constará de una única pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?“, explicó el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, agregando que las opciones de respuesta serán “sí” o “no”.
El gobierno conservador de Mariano Rajoy no se pronunció de inmediato sobre el anuncio, pero en anteriores ocasiones explicó que no permitirá la celebración de la consulta secesionista por considerarla inconstitucional.
El Tribunal Constitucional español ya invalidó los intentos previos del gobierno regional para lograr una mayor autonomía. Varios políticos catalanes, incluyendo el expresidente de la Generalitat Artur Mas, recibieron con multas o fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por la celebración de un simulacro de consulta en noviembre de 2014.
Funcionarios del ejecutivo de Rajoy señalaron que el gobierno salvaguardará la integridad de la nación en el caso de que los políticos catalanes o el parlamento regional den pasos formales para la celebración de la consulta.
“Pueden anunciar ese referéndum todas las veces que quieran y retrasarlo cuantas semanas quieran, y convocar cuantos actos quieran, pero ese referéndum no se va a celebrar”, dijo la vicepresidenta del gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría.
Puigdemont explicó que la decisión de celebrar la votación se tomó tras 18 meses sin poder establecer un diálogo con Madrid.
En un esperado acto en Barcelona, emitido en vivo por televisión y celebrado tras una breve reunión con su ejecutivo, el líder dijo además que el referéndum no es negociable porque los catalanes respaldan su plan secesionista tras la mayoría obtenida por la coalición proindependentista a finales de 2015.
“Toca a los catalanes decidir su futuro”, dijo Puigdemont, rodeado de miembros de su gobierno. “Está en nuestras manos demostrar que la democracia nos une por encima de las legítimas y saludables discrepancias que caracterizan a toda sociedad madura”.
Cataluña, cuya capital es Barcelona, representa una quinta parte del PIB español y tiene más de 7 millones de habitantes.
Los separatistas, que ganaron apoyos a medida que la crisis financiera impulsaba el paro en el país, suelen argumentar que el futuro de la región es más alentador fuera de España y que una Cataluña independiente defendería mejor su identidad cultural y su idioma.
Rajoy se opone a estos argumentos y recientemente explicó que la región podría perder hasta el 30% de su PIB. Además, sostiene que tendría que iniciar el proceso para ingresar en la Unión Europea.
Las encuestas muestran que una amplia mayoría de los catalanes está a favor de pronunciarse en las urnas sobre la relación entre Cataluña y España, aunque el número de los partidarios de la independencia bajó recientemente. Algunos empresarios y políticos también se han distanciado del proceso.
