La Casa Blanca desestimó hoy una nueva demanda contra el presidente estadunidense Donald Trump, a quien se acusa de violar la Constitución por recibir dinero de extranjeros a través de sus propiedades inmobiliarias, como el hotel que su corporación opera en este capital.

El vocero presidencial Sean Spicer calificó la demanda, presentada en una corte federal de esta capital, como una repetición de otra que data de los primeros días del mandato de Trump, y aseguró que “no es difícil concluir que quizá detrás de esto haya una motivación de políticas partidistas”.

“La demanda fue presentada por dos fiscales demócratas; los abogados que ven el caso tienen nexos con una agrupación partidista, y de hecho dieron una conferencia de prensa antes de presentar su demanda, lo cual llama la atención”, indicó Spicer en su habitual conferencia de prensa.

La demanda, presentada por la procuradora de Washington DC, Karla Racine, y el procurador de Maryland, Brian Frosh, pide a la corte declarar a Trump en violación de la ley, y que se le impida continua beneficiándose de dinero foráneo.

De manera especifica los dos procuradores acusan a Trump de violar la llamada cláusula de Emolumentos de la Constitución, la cual de manera textual prohíbe a cualquier funcionario público aceptar “cualquier regalo, emolumento, oficio o título, de cualquier tipo, de ningún rey, príncipe o gobierno extranjero”.

La decisión de Trump de mantener su hotel en esta capital no sólo le permite obtener recursos de gobiernos de otros países, sino le otorga una posición ventajosa sobre propiedades similares de los gobiernos municipales de Maryland o del Distrito de Columbia, incluido su Centro de Convenciones, precisa la demanda.

Spicer consideró que la demanda carece de meritos legales, al sugerir que prácticas como éstas no son inusuales en servidores públicos, aludiendo el caso de la exsecretaria de Comercio Penny Pritzker, de la pasada administración.

“La demanda cuestiona el tipo de transacciones de negocios que todos, desde Penny Pritzker, quien sirvió en la anterior administración y otros, han incurrido mientras han estado en cargos públicos, de manera que vamos a continuar avanzando para que se deseche”, dijo.
En enero pasado, la organización Ciudadanos por Responsabilidad y Ética presentó una demanda similar, la cual fue desestimada por el Departamento de Justicia, que argumentó que las ganancias de los negocios de presidentes no corresponden a la definición legal de emolumentos.