Con el Sistema Nacional Anticorrupción de México es “ahora o nunca” y por eso los ciudadanos deberían involucrarse, aseguró el responsable de programas de cultura de la legalidad en la asociación México Unido contra la Delincuencia, Rafael Ibarra Farfán.

Tras participar en el primer Debate Internacional sobre Corrupción convocado por el Vaticano, Ibarra Farfán dijo a Notimex que su país vive un “gran momento de coyuntura” gracias a la reforma constitucional que constituyó ese sistema en 2015.

“En México se ha dado una reforma del sistema nacional anticorrupción, y el cambio de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General, una modificación que implica que existirá autonomía con respecto al gobierno federal”, explicó.

“En 2018 debe implementarse el Sistema Nacional Anticorrupción, ya se implementó un comité de participación ciudadana, ese es el primero de una serie de cambios que esperamos a corto plazo en México. Tener una fiscalía independiente, que sirva y un sistema que aglutine los esfuerzos para monitorear el ejercicio presupuestal”, agregó.

Destacó que gracias a estas reformas, el fiscal general ya no dependerá del Poder Ejecutivo, sino del Senado, mientras que el nuevo Sistema incluye un comité de participación ciudadana, junto con otros comités similares que se constituirán en todo el país.

“Es ahora o nunca el momento en que los ciudadanos debemos arropar ese ejercicio, ciudadanizar esa fiscalía”, insistió.

Estas apreciaciones, Ibarra Farfán las planteó durante su intervención en el debate organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, junto a la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales.

Entrevistado a las afueras de la Casina Pío IV, un antiguo edificio ubicado en el corazón de los Jardines Vaticanos, reconoció que México padece un “estado de no-derecho”, ya que la corrupción ha tocado todos los sectores y todos los temas: salud, educación, medio ambiente e, incluso, la Iglesia.

Empero, destacó que actualmente y gracias a las investigaciones de diversos organismos de la sociedad civil se puede decir que la corrupción cuesta el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional o de qué tamaño es el agujero generado por el robo de tal o cual político.

Afirmó que ante un acto de corrupción, los mexicanos tienen dos grandes reacciones: una “mediática e inmediata” que es la indignación temporal y otra, “quizás menos numerosa”, en la cual se pasa de la protesta a la propuesta.

Sostuvo que el gran reto de la sociedad mexicana es superar el cinco por ciento de población que, según las más recientes estadísticas, se involucra en actividades de participación ciudadana.

“Hay que pensar en positivo, debemos promover una cultura de la legalidad, lo que quita fuerza a este sistema perverso es que hagamos lo correcto. La siguiente cuestión sería: qué debemos hacer desde los diversos sectores sociales, incluso en la Iglesia a través de este llamado del Papa, para poder cambiar la realidad desde lo que cada uno puede hacer y hacerlo bien”, estableció.

En el encuentro vaticano también participó el obispo de Saltillo, Raúl Vera, según el cual México es un país “destrozado” por la corrupción desde tiempos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que “acabó con la cadena productiva mexicana”.

Advirtió que para cambiar esa realidad es necesario construir una nueva cultura “desde abajo”, ya que los políticos “no tienen cultura democrática”.

Señaló que la Iglesia católica es la institución que puede llevar adelante ese cambio social, siempre y cuando los obispos “se den cuenta de lo que está pasando” y “se desliguen del poder”. “Hemos estado muy ligados al poder”, lamentó.