Especialistas afirman que la política ecológica es “letra muerta” en Tlaxcala, pese a denuncias ciudadanas y recomendaciones que hacen organismos nacionales protectores de los derechos humanos, la autoridad federal, estatal y de municipios no hacen caso y simplemente simulan aplicar sanciones, mientras tanto los estragos en la ecología y en la calidad de vida de los habitantes son latentes, señaló la directora del Centro Fray Julián Garcés, Alejandra Méndez Serrano.
Los daños a la salud de las personas por los contaminantes del río Atoyac, año con año ha incrementado y finalmente se logró comprobar que el afluente recibe descargas de municipios e industrias, todo en función de la norma establecida para medir descargas residuales a cuerpos de agua federal, de la Ley de Agua Nacionales en la NOM-001-Semarnat-1996.
Norma rebasada en 500 %
A decir de la directora del centro, la norma está “rebasada hasta en un 500 por ciento”, en lo que corresponde al Corredor Industrial Quetzalcóatl, donde hay sustancias que están presentes y que no están reguladas como son los compuestos orgánicos volátiles, tal es el caso del cloroformo, el cloruro de metileno, tolueno y benceno (este último catalogado como cancerígeno según las normas de salud internacionales).
El mismo gobierno a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, mediante la Semarnat y la Conagua realizaron una investigación en 2008, ahí encontraron todo rebasado por la norma, pero además la presencia de compuestos que no están regulados: arsénico, zinc, bromo, “es una mezcolanza terrible de compuestos, esto de manera separada, pero habrá que ubicar si la combinación de estas sustancias generan nuevos compuestos”, expuso.
Producto de una queja presentada desde 2011 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Centro Fray Julián no se dio por vencido y documentó todo el daño que se ha hecho y las afectaciones a las personas en su salud; la queja fue atendida dando como resultados la recomendación 10/ 2017, evidenciando que desde hace 25 años los gobiernos conocían que ya había metales como: cromo, plomo, cadmio, manganeso, pero “no hicieron nada; fue en 2005, se arma un diagnóstico entre los gobiernos de Puebla y Tlaxcala y determinan que están esos compuestos y desde ese tiempo se decía que la norma era insuficiente y que incluso con el cumplimiento de la norma no se alcanzan a restaurar los ríos, es imposible”, ahondó.
Desde 2006 se arma un plan de saneamiento, sin embargo, no se cumple porque simplemente “no le destinan ni presupuesto, ni tiempos y mucho menos plazos de cumplimiento, para 2008 obviamente reafirman el presupuesto y no vuelven a poner el presupuesto ni plazos… Es letra muerta, por un lado porque la norma establecida resulta insuficiente”.
Pagar por contaminar
Y a la fecha lo único que ha hecho es emprender procedimientos administrativos, “es decir, empieza a hacer estos procedimientos sobre todo a los municipios, las industrias parecen intocables”, apuntó.
Desafortunadamente los procedimientos administrativos fijan una multa y en algunos municipios se observa la reincidencia y lo único que se vigila es determinar una cantidad de dinero para pagar la multa sin que haya un seguimiento de la Conagua, “quiere decir que entonces nos estamos enfrentando a un proceso de pagar por contaminar, sale más barato porque las multas no son muy elevadas”, lamentó.
Se reconoce que la industria ha crecido en la entidad inyectando dinamismo a la economía local, solo que también se da cuenta que ha dejado trastornos en el medio ambiente y en las personas, pues sólo basta asomarse en la cuenca del río Atoyac-Zahuapan, y a la zona de Santa María Texcalac, en Apizaco, y otras que se prefieren ignorar, señala la luchadora social.
“Yo diría que siempre se atrae la inversión con un discurso de desarrollo de progreso y bienestar, uno ve las comunidades y para la gente no ha habido ni desarrollo, ni progreso, ni nada, al contrario, en tierras donde había alto cultivo ha bajado la producción porque empiezan a regar sus tierras con esas aguas contaminadas, el hecho de que llegue una industria no te garantiza derechos laborales y con las reformas estructurales menos”, aseveró.
Un paraíso para las industrias
De esta forma, dijo que las industrias llegan a un paraíso total, “asentándose y haciendo lo que en sus países no pueden hacer por eso es un paraíso aquí, les condonan pagos y les ponen todo a complacencia para que puedan instalarse, aun a costa de la extracción del agua y los desechos que arrojan, hay una complacencia de los gobiernos”.
El ambientalista e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Octavio Rosas Landa R., en su ponencia denominada, “La crisis ambiental nacional y la necesidad de intervenir colectivamente para enfrentarla”, advierte de las dificultades ambientales y de como en los últimos años se han visto desaparecer, progresivamente, cientos o miles de árboles de nuestro paisaje comunitario, y con ellos, numerosas especies de flora y fauna, que son reemplazadas por carreteras y ductos de gas, petróleo o nuevas infraestructuras.
“Lo que estamos presenciando día con día es el avance ―aparentemente imparable― de una crisis ambiental que, aunque siempre se considera secundaria si la comparamos con la crisis de violencia que arrasa al país, la crisis de pérdida de derechos democráticos o la de corrupción política generalizada, entre muchas otras, es una crisis que terminará siendo la más importante de todas”.
En tanto, el subprocurador de inspección industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Arturo Rodríguez Abitia, reconoció que hasta hace poco más de tres años se le dieron facultades a esa instancia para la vigilancia de descargas de aguas residuales, pues la supervisión y sanción era una responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero aun así, no realizan visitas de inspección de descargas cuando estas ocurren al drenaje municipal, ya que estas corresponden a las comunas.
En la cuenca del río Atoyac, según datos de Profepa descargan aproximadamente 3 mil 600 industrias y pueden ocurrir a través del drenaje municipal o directamente al río, aunque reconoce que es difícil hacer cumplir la ley.
“No es fácil, nosotros hemos venido trabajando con las capacidades que tenemos, hay que recordar que la Profepa no solo inspecciona en materia de descargas residuales sino también lo hace en riesgo, impacto ambiental, en emisiones a la atmósfera, en el manejo de residuos peligrosos, en cambio de uso de suelo forestal y en muy diversas materias, entre esas las descargas de aguas residuales”, apuntó.
Profepa realiza inspecciones
De enero de 2015 a la fecha en los esta
dos de Puebla y Tlaxcala y concretamente en lo que se refiere a la cuenca del río Atoyac, la Profepa ha realizado más de mil 200 visitas de inspección y ha verificado a 850 instalaciones, siendo un porcentaje bajo, “en estos dos años y medio no hemos llegado ni siquiera a la tercera parte de las industrias que existen en la cuenca”.
De las visitas, solamente 93 han tenido que ver con las descargas de aguas residuales en la cuenca del río Atoyac, todas las demás han sido en el manejo de residuos peligrosos que eventualmente podrían terminar a través de su tránsito por cañadas secas como ocurre con el resto de la basura que llega al cauce del río Atoyac.
La Profepa, ha realizado 76 clausuras, 52 de ellas parciales y 24 totales, e impuesto multas por 16.5 millones de pesos, lo que significa que apenas han podido atacar una fracción del universo total de empresas que se encuentran en la cuenca.
El funcionario federal, en entrevista con Síntesis aceptó que para atender este problema de las descargas industriales y municipales es necesaria la atenta coordinación de las autoridades en este problema global, que inicia en los municipios, pues son los responsables de acuerdo con la Constitución de las descargas de aguas domésticas que ocurren en el río Atoyac, seguido de autoridades de los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, la Conagua, Semarnat, Cofepris y la Profepa.
Municipios no tienen permisos
En tanto que Elda Alicia García Huguett, subdirectora de administración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló que 36 de los 60 municipios de la entidad no cuentan con permisos de descargas de aguas residuales al cuerpo receptor de aguas nacionales mientras que los 24 restantes, si cuentan con el autorización, aunque la mayoría no cumplen con los estándares de calidad del agua.
“Las descargas son de los 60 municipios, hay cinco pecuarios que tienen permiso, 19 de servicios (hoteles, restaurantes, gasolineras) dos que no tienen permiso y 52 industrias en todo el estado que tienen permiso”, atajó.
Se han impuesto multas por el orden de los 1.2 millones de pesos de 2015 a 2017, con un total de 45 expedientes, de los cuales nueve se cerraron y corresponde al monto de la multa antes mencionada, mientras que 36 permanecen abiertos.
Una multa por una descarga de agua que no está bien tratada llega a los 85 mil pesos aproximadamente, y se va incrementando por las diversas situaciones que se hallen, “lo que les pedimos es que deben separar sus aguas residuales de las aguas pluviales, que deben tratar las aguas residuales para dejarlas con la calidad que les autorizamos, que deben de medir los volúmenes de las aguas que descargan, deben estar monitoreando la calidad de sus descargas y deben reportarlo también. La mayoría sí cumple y nosotros les hacemos las visitas de inspección de manera sorpresiva”, subrayó.
Aseguró que del total de industrias registradas (52) con descargas a un cuerpo receptor de propiedad nacional, es decir a un río, arroyo o cuando infiltran a un terreno, es de su atención, sin embargo, si descargan a un drenaje municipal, “ese ya no es un usuario de la Conagua, es usuario del municipio y ellos son los que tienen que vigilar la calidad del agua que descargan al alcantarillado”, justificó.
Las multas son de los mil 200 a 5 mil salarios mínimos, por descargar sin permiso y si no miden su volumen de descarga la multa es de mil 500 a 20 mil, Unidad de Medida y Actualización equivalente al salario mínimo general que está establecido en todo el país.
Reconoció que la contaminación de los ríos en Tlaxcala es grave, pues tan solo la cuenca del Atoyac-Zahuapan es una de las cuatro más contaminadas del país, mientras que las normas no han sido modificadas al 100 por ciento para evitar el deterioro ambiental.
Finalmente la Coordinación General de Ecología (CGE), informó que en Ciudad Industrial Xicohtécatl (CIX) I, 28 empresas son las que tratan sus aguas residuales y se está exigiendo el tratamiento total.
