Diferentes actores del país y del extranjero han denunciado las agresiones y señalado los riesgos que enfrentan periodistas, comunicadores y comunicadoras en el desempeño de su trabajo, ya sea reporteros, columnistas, fotógrafos y camarógrafos, principalmente.
Inclusive México se encuentra ubicado entre los principales lugares donde resulta peligroso ejercer dicha profesión, casi con la misma inseguridad que los países en estado de guerra.
Recientemente la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la semana pasada el ofrecimiento de recompensas de hasta un millón y medio de pesos por información que lleve a la aprehensión de los probables responsables del delito de homicidio cometido en agravio de periodistas.
Las recompensas se ofrecen recompensas a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve a la aprehensión de los probables responsables del delito de homicidio contra los periodistas Cecilio Pineda Birto, Ignacio Miranda Muñoz, Javier Valdez Cárdenas, Maximino Rodríguez Palacios, Miroslava Breach Velducea y Sonia Córdova Oceguera.
Sin duda es responsabilidad del Estado garantizar medidas de seguridad para el ejercicio de la libertad de prensa y también es cierto los equipos de trabajo de los medios (encargados de las redacciones, mesas de información, los dueños de los medios y en particular quienes ejercen la libertad de prensa) deben adoptar medidas concretas que permitan continuar informando a la sociedad en condiciones de seguridad.
Hace alrededor de diez años, se creó una Mesa de trabajo al seno de la Operación Conjunta Chihuahua, en la que participantes activos de las organizaciones y medios de comunicación de todos tipos construyeron “una propuesta responsable que diera las herramientas y conocimientos indispensables a los periodistas de la fuente policíaca y de procuración de justicia que les permitiera evitar los riesgos en su desempeño de su labor”.
