A un año de la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en todo el país, en el estado de Tlaxcala han sido diversas las críticas que señalan deficiencias del nuevo sistema con base en la forma de operar en procesos judiciales.
El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ha sido uno de los mandatarios que en el país se han pronunciado por llevar a cabo una modificación de las condiciones en las que opera el nuevo sistema de justicia, debido a la incertidumbre que ha generado en algunas circunstancias.
Por ejemplo, en reiteradas ocasiones ha lamentado el hecho de que un probable delincuente que fue acusado de algún delito, pueda enfrentar el proceso judicial correspondiente fuera de la cárcel.
Tras su más reciente participación en la Comisión de Seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Marco Mena expuso que el sistema penal tiene un perfil hipergarantista, es decir, que defiende en gran medida los derechos de aquellos sujetos involucrados en algún acto delictivo.
En contraste, ha advertido que la misma situación ha provocado un efecto negativo en las personas que presentan una circunstancia de víctimas.
“La defensa de estos derechos hace que quienes están involucrados en un delito enfrenten el proceso penal en libertad y esto genera mucha inquietud en la población, enojo y frustración”.
Por su parte, recientemente el subprocurador de Justicia en el Estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, hizo referencia a algunos casos que se han registrado en la entidad en los que no obstante la flagrancia de un delito, la víctima ha decido no denunciar y lograr a través de los denominados acuerdos reparatorios resolver un caso.
Cabe recordar que Tlaxcala había recibido un presupuesto federal para la implementación del nuevo sistema de hasta 75 millones 320 mil 076 pesos, en el periodo comprendido de 2012 a 2016.
A ese gasto se agregó el del presupuesto estatal que en el mismo periodo destinó un total de 64 millones 416 mil 360 pesos.
Los márgenes de operación de Tlaxcala como parte de la implementación del nuevo sistema, permitieron que la entidad fuera declarada por la extinta Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) como una de las de nivel medio alto en términos de la aplicación del nuevo esquema judicial.
