Multas hasta de 300 mil pesos y penas de cárcel hasta de cuatro años, recibirán los titulares de despachos de cobranza que acosen, amenacen, molesten u ofendan a deudores de instituciones financieras, advirtió la subdelegación en Hidalgo de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pues a partir del 24 de los corrientes estas cobranzas extrajudiciales quedaron tipificadas como delito federal.

Tenemos casos de deudores cuyas casas han sido apedreadas, con vidrios rotos; una mujer embarazada que dio a luz tras ser atemorizada, ataques verbales en la vía pública además, claro, de llamadas a deshoras y artimañas como utilizar documentos con sellos que aparentan ser de instancias judiciales”, afirmó la subdelegada, Pilar Castañeda Sánchez.

La funcionaria federal recordó que el 23 del mes en curso fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) reformas al Código Penal Federal, que tipifican la cobranza extrajudicial como delito federal que puede ser denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR), y sancionada con penas que van de uno a cuatro años de prisión y multas de entre 50 mil y 300 mil pesos.

Los deudores ya pueden denunciar a los despachos de cobranzas que les profieran amenazas, ofensas, maltrato y uso de documentación similar a la de órganos jurisdiccionales”, señaló.

Lamentablemente, dijo, es frecuente aún que despachos dedicados a la recuperación de saldos en cuentas bancarias y de otras instituciones caigan en excesos. “Hubo quienes pegaron copias fotostáticas de los deudores cerca de sus domicilios, con leyendas de ¡ya paga!”, relató.

Hizo notar que además, en muchos casos, los airados reclamos se hacen a personas con nombres y apellidos homónimos, empleados de empresas en donde dejó de trabajar el deudor, a familiares del mismo o simplemente, porque se tiene un número telefónico que fue dejado como referencia.

Tras la publicación de las reformas referidas, dijo, se espera mayor moderación de los encargados de cobranzas.

Detalló que en el país entre los despachos más señalados por abusos en la cobranza están los de Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada, Muñoz C. y Asociados, Servicios Técnicos de Cobranza y Recuperación Crediticia de México.

Precisó que pueden ser tipifcadas como delito amenazas, ofensas o intimidaciones al deudor, familiares o compañeros de trabajo, enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad,  así como utilizar un nombre o denominación que se asemeja a una institución pública.