Ciudad de México.- Los intentos de espionaje a periodistas y activistas pueden ser una de las mayores violaciones a los derechos humanos con origen desde el Gobierno, señaló el senador Zoé Robledo.
En ese sentido, el legislador chiapaneco afirmó que es necesaria una investigación autónoma, imparcial y transparente sobre las acusaciones de espionaje desde el gubernamental en contra de defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas.
Este acontecimiento no puede minimizarse, «existe la posibilidad de que el Gobierno haya usado recursos públicos para espiar a particulares sin la autorización judicial correspondiente” Insistió Zoé durante la presentación del informe sobre #GobiernoEspía en el Senado de la República.
Zoé también agregó que el Poder Legislativo no puede ser omiso de un caso tan grave, pues el hecho del que el Gobierno espíe a cualquier mexicano es un acto imperdonable que amerita de la atención y pronta revisión desde el Senado de la República.
“Esta puede ser una de las mayores violaciones de derechos humanos de que tengamos conocimiento en los últimos años, potencialmente con origen desde el gobierno”, afirmó Robledo, al tiempo que expuso que, según este Informe, el espionaje a una persona tendría un costo aproximado de 77 mil dólares, lo que, multiplicado por los 12 casos aparentes, daría un total de 16 millones 632 mil pesos.
“¿Cuántos son 16 millones 632 mil pesos para este Gobierno? Pues son el 90.2 por ciento del presupuesto asignado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, el 90 por ciento de su presupuesto anual; es decir, el Gobierno podría estar gastando lo mismo en espiar a los periodistas que en protegerlos”, advirtió el senador chiapaneco.
Zoé Robledo invitó a los legisladores a asumir el compromiso de que esta situación no se quede en el olvido y la impunidad y los conminó a pronunciarse sobre el asunto, a que no se le apueste ni al olvido ni a la descalificación y se realice una investigación independiente y objetiva que llegue hasta las últimas consecuencias”.
En la presentación del informe estuvieron presentes Luis Fernando García, Director Ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales; Alexandra Zapata, directora de Educación e Innovación Cívica del Instituto Mexicano Para la Competitividad (IMCO); así como integrantes de organizaciones civiles y periodistas.
