Los policías agarraron sus rifles de asalto con fuerza mientras observaban como los hombres llenaban tanques de plástico y los cargaban en docenas de camionetas en un campo de maíz en el centro de México. Aunque se estaba cometiendo un delito ante sus propios ojos, los agentes dijeron que era una situación demasiado peligrosa para implicarse.
Tuvieron que esperar hasta que llegó el ejército para avanzar, ya que los sospechosos estaban mejor armados que ellos y un intento previo de detención fue repelido por disparos, explicaron las autoridades.
Según el relato de Francisco, un empleado de seguridad de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, que declinó dar su apellido por razones de seguridad, esa mañana había unas 40 camionetas cargando combustible, desde las que les dispararon al acercarse.
Los sospechosos no eran narcotraficantes manejando un cargamento de droga sino ladrones de combustible en un gaseoducto estatal, una forma de crimen organizado que va en aumento en México y derivó en una serie de enfrentamientos letales.
El robo de combustible solía ser obra de unos cuantos lugareños que hacían agujeros en las tuberías y se llevaban la gasolina en jarros. Pero las armas pesadas y la violencia vistas en la confrontación del martes en el estado de Puebla reflejan su conversión en un negocio multimillonario que abastece no solo a quienes venden gasolina en las cunetas de las autopistas, conocidos como “huachicoleros”, sino a fábricas y cadenas de gasolineras.
Se ha convertido en una operación a escala industrial que implica a una serie de localidades a lo largo de las tuberías, y no solo en Puebla, sino también a Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas y otros estados mexicanos. Según el gobierno, en 2016 se descubrieron más de 6.000 grifos ilegales en las canalizaciones y las autoridades detectan un promedio de 20 diarios este año. Se estima que el robo de combustible le cuesta alrededor de 1.000 millones de dólares anuales a México.
Solo el 10% de la gasolina sustraída se vende al público en puestos callejeros, explicó Jesús Morales, el máximo responsable policial del estado de Puebla. El 90% restante acaba en grandes grupos empresariales, gasolineras y factorías, agregó.
Las bandas que se dedican al robo de combustible suelen contar con el respaldo de autoridades locales corruptas y de residentes que dependen de esos ingresos. Dos alcaldes fueron detenidos ya por su papel en estas operaciones.
