La elección de una Asamblea Constituyente que daría poderes ilimitados al gobierno socialista de Venezuela desató el rechazo dentro y fuera del país sudamericano, además de la imposición de sanciones económicas al presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Horas después de que Maduro advirtiera que la Constituyente irá contra los sectores adversos al gobierno, la fiscal general -una antigua aliada del gobierno convertida en una abierta crítica de Maduro- desconoció la elección y consideró que es parte de “una ambición dictatorial”
“Veremos un poder absoluto en manos de una minoría”, dijo Luisa Ortega Díaz al asegurar que con la Asamblea Constituyente se “acabará definitivamente” con el derecho al sufragio, la libertad de expresión y el derecho a manifestar pacíficamente.
Maduro dijo la madrugada del lunes que entre sus primeras tareas, la Constituyente reestructurará el Ministerio Público, lo que hace prever la inminente salida de Ortega Díaz, quien se convirtió en la líder de un creciente movimiento disidente.
La fiscal general, que desde marzo está enfrentada al gobierno luego de pasar varios años vinculada al oficialismo, descartó que vaya abandonar su cargo, y sostuvo que Maduro ordenó la reestructuración del Ministerio Público porque ella es “incómoda” para los “planes desviados de un poder corrompido” y para los funcionarios involucrados en corrupción.
La elección fue cuestionada por varios gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, donde el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Maduro en respuesta a elegir la Constituyente. La medida considera la congelación de activos del mandatario venezolano en territorio estadounidense
Ocho millones de venezolanos participaron el domingo en la elección de los delegados de la Asamblea Constituyente, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. El nivel de participación, sin embargo, fue objetado por la coalición opositora que sostiene que sólo unos tres millones de electores intervinieron en el proceso.
La fiscal dijo que ordenó el inicio de una investigación penal ante las amenazas que recibieron algunos funcionarios públicos y beneficiarios de programas estatales sobre posibles represalias sino participaban en la elección de los constituyentes, e indicó que está evaluando acudir a instancias internacionales para denunciar los casos.
Agregó que el Ministerio Público tiene abiertas 36.124 investigaciones por corrupción, y que uno de los casos que más le preocupa son los contratos con la constructora brasileña Odebrecht que implicaron erogaciones por 30.000 millones de dólares para once obras que están inconclusas.
La coalición opositora convocó a nuevas manifestaciones el lunes mientras que el presidente del Congreso y dirigente opositor Julios Borges descartó la posibilidad de un diálogo con la Asamblea Constituyente y advirtió que la oposición mantendrá las protestas hasta lograr “elecciones libres” y un “cambio de gobierno”.
En una entrevista con el canal de noticias Globovisión Borges sostuvo que el Congreso -de mayoría opositora- seguirá sesionando a pesar de amenaza del constituyente electo Diosdado Cabello de que la Asamblea Constituyente operará desde el palacio legislativo.
Maduro también pidió a los constituyentes revisar la inmunidad de los diputados y amenazó con llevar a la cárcel a los opositores que han promovido las protestas antigubernamentales de los últimos cuatro meses.
El presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó que la Asamblea Constituyente arranca con problemas de “legitimidad” debido a que la elección de sus 545 delegados se dio sin cumplir las “condiciones constitucionales” y “condiciones democráticas”, lo que hace prever que enfrentará dificultades para operar y lograr reconocimiento local e internacional.
Sobre las medidas que adelantó Maduro, León dijo a la emisora local Éxitos que evidencian la decisión del gobierno de ir a una “radicalización total”.
El analista planteó que Maduro decidió recurrir al camino que han tomado otros gobierno radicales de “unificarse contra un enemigo externo” y tratar de “atemorizar a cualquier enemigo interno” para poder sostenerse pese a la crisis.
Maduro enfrenta la crisis en medio de deterioro de su popularidad que ronda 17,4%, según una encuesta de julio de Datanálisis.
Venezuela enfrenta la tensión política en medio de una compleja situación económica con una inflación de tres dígitos, una severa escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos y una contracción que el Fondo Monetario Internacional estima que podría alcanzar este año el 12%.
Maduro desestimó las amenazas de posibles sanciones económicas que hizo Washington y sostuvo que a “Venezuela no la ordenan ni la mandan desde el exterior”.
La eventual aplicación de sanciones económicas, que según León parece inevitable, podría ser “demoledor” para la economía.
