Los mexicanos no tenemos derecho a saber cuántos agentes de corporaciones de Estados Unidos se encuentran en misiones en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores –hoy encabezada por el “aprendiz” de diplomático Luis Videgaray, según sus propias sinceras palabras– poseedora de la información, dijo que revelar tal estadística vulneraría la seguridad nacional de este país y, además, se molestarían nuestros vecinos.
Más sorprendente aún es que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) haya confirmado tal reserva de la información.
Lo que requerimos desde principios de año es apenas una estadística básica. Sólo quisimos saber el número de los agentes estadunidenses que están en México. A sabiendas de lo quisquillosos que se vuelven los funcionarios mexicanos cuando se trata de información que involucra a sus ¿pares? gringos, sólo les preguntamos por el número total. No requerimos el número por agencia, los lugares en que se encuentran ni la naturaleza de las misiones que cumplen en México.
La pregunta cuya respuesta causaría una hecatombe –si nos atenemos a los sesudos raciocinios de los censores de Relaciones Exteriores y de la Inai– es bastante simple: “Solicito conocer el número de integrantes de las agencias de seguridad de los Estados Unidos de América que, en territorio mexicano, cooperan con las autoridades mexicanas desde 2006. Desglosar por año”.
Ya en este espacio habíamos dado cuenta –con documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores– de que un número indeterminado de elementos de 13 agencias de seguridad estadunidenses se encuentran en México “colaborando” con las autoridades mexicanas. Siete de ellas están adscritas al Departamento de Justicia, cinco al Departamento de Seguridad Interna y una al Departamento del Tesoro.
Por parte del Departamento de Justicia, se trata de la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI); la agencia antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA); la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF); la Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service, USMS); la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (Office of International Affairs, OIA-DoJ); la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (Office of Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT), y la Oficina de Programas de Asistencia y Adiestramiento Internacional para la Investigación Criminal (International Criminal Investigative Training Assistance Program Office, ICITAP).
En lo que respecta al Departamento de Seguridad Interior, las agencias que tienen presencia en México son la Agregaduría legal; la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Custom and Border Protection, CBP); la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (Inmigration and Customs Enforcement, ICE); el Servicio Secreto (Secret Service, SS), y la Administración de la Seguridad en el Transporte (Transport Security Administration, TSA).
Finalmente, la agencia dependiente del Departamento del Tesoro con efectivos en México es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC).
Si ya sabemos que todas esas instituciones estadunidenses tienen agentes en misiones en México, ¿por qué no informar del número total? ¿Qué “atentado” contra los mexicanos significaría dar la cifra?
En su resolución, como una calca de las disertaciones de Relaciones Exteriores, el Inai encontró que ofrecer el dato perjudicaría a México en dos sentidos: se vulneraría la seguridad nacional y se “menoscabarían” las relaciones con Estados Unidos.
Según la resolución del recurso de revisión del Inai, cuya comisionada ponente fue María Patricia Kurczyn Villalobos, revelar el número de integrantes de las agencias de Estados Unidos con misiones en México “podría causar un serio perjuicio a la seguridad nacional, ya que se estarían revelando aspectos que se toman en cuenta al planear y conducir operaciones estratégicas y/o tácticas para combatir al narcotráfico, la farmacodependencia y el crimen organizado en territorio mexicano, con lo cual se estarían proporcionando elementos que permitirían a miembros de las organizaciones de la delincuencia organizada anticiparse, obstaculizar o bloquear las operaciones o tareas específicas encomendadas a dichos agentes, a partir del conocimiento de patrones de conducta en la determinación del número de agentes extranjeros enviados al país a lo largo del tiempo” (sic).
¡Sic! ¿En serio? ¿Saber que son 50, 500 o 2 mil de manera genérica permitiría a los delincuentes diseñar mejor sus golpes? ¿Cómo distinguirían a los capacitadores u oficinistas de los de inteligencia? Vaya discurso para justificar una reserva de información.
Y el otro remache para guardar los datos bajo llave es el de: no vaya a ser que se nos moleste el vecino. Resulta que, en la disertación del Inai, revelar el número de agentes estadunidenses en México, “se podría menoscabar la conducción de dicha relación internacional [México-Estados Unidos], en tanto que se podrían ver afectados los puntos de acuerdo a los que llegaron o podrían llegar ambas partes”.
Más aún: “el incumplimiento de los principios de derecho internacional por parte del Estado mexicano afectaría de manera directa la confianza mutua que sustenta la relación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América” (sic).
El ocultamiento del número de agentes de un país extranjero elevado a categoría de “principio de derecho internacional”. ¿Pues qué tipo de actividades realizan los gringos en México? La ley sólo dice que se trata de intercambio de información…
Además, como si los estadunidenses no informaran del número de mexicanos de todas las agencias de seguridad –civiles, policiacas y militares– que van al Norte a recibir adiestramiento y a “colaborar”. Puede consultarse el interesante y basto informe del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) y el Instituto Belsisario Domínguez del Senado de la República: Atlas de Seguridad y Defensa de México 2016, en el que se consignan los datos de mexicanos en Estados Unidos proporcionados por las agencias de ese país.
En realidad el gobierno mexicano no desea que se conozca el número de estadunidenses en México porque sería escandaloso saber que, desde la llegada de Felipe Calderón y hasta la fecha, los gringos han copado el país con sus agentes. Y el Inai, presto, a lavarle la cara.
