El Tribunal Electoral federal presentó el «Protocolo para Defensoras y Defensores de los Derechos Político-Electorales y el Manual sobre los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas», a fin de que sean una herramienta para este sector en sus garantías en la materia.
Ante representantes de comunidades indígenas de diversas partes del país y especialistas internacionales, los magistrados Janine M. Otálora Malassis, Mónica Aralí Soto Fregoso y Reyes Rodríguez Mondragón destacaron la importancia de ambos documentos para impulsar y garantizar el pleno respeto de los derechos político-electorales de los indígenas.
En ese sentido, el Protocolo está dirigido a quienes están involucrados en la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y busquen sumarse a este proyecto que pretende fortalecer la democracia.
En tanto el Manual, cuyo contenido fue traducido a las lenguas maya, náhuatl, mixteco, tzeltal y rarámuri, define cuáles son los derechos político-electorales que reconoce la Constitución y los instrumentos ratificados por México, así como las garantías específicas de dicho sector, como el derecho a la diferencia y a la no discriminación, entre otras.
También presenta una guía de la cadena impugnativa que una queja puede seguir hasta ser revisada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de ser el caso.
En el marco del Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas, que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, la magistrada presidenta del Tribunal, Janine M. Otálora Malassis, aseguró que el derecho de acceso a la justicia es fundamental para el goce efectivo de cualquier otro derecho humano.
A su vez el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón subrayó que en materia electoral, particularmente en pueblos y comunidades indígenas, la justicia electoral no puede verse sólo en términos de quién gana y quién pierde.
Señaló que los principios y los derechos que están reconocidos en la Constitución y la función jurisdiccional electoral ponen el acento en muchos otros aspectos que son de largo plazo y más importantes para los indígenas.
La magistrada Mónica Aralí Soto consideró que los tribunales electorales, más que resolver medios de impugnación, tienen la obligación de disolver conflictos que se generen en materia político-electoral, que puedan poner en riesgo lo que es la democracia incluyente y la paz social.
“Este Protocolo que estamos hoy presentando y este Manual no son libros que de verdad sean para tener una palomita más del Tribunal o para sumarlo a la vasta bibliografía que emite el órgano electoral, sino realmente han sido creados como una herramienta”, subrayó.
