La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 29/2017 a autoridades locales de Chihuahua, por utilizar de forma ilegal los centros de Arraigo de las ciudades de Chihuahua y Juárez como prisiones de internos imputados a quienes se les dictó “arraigo en el domicilio”, al haberse agotado el
tiempo procesal de dos años.
En la misiva, dirigida al gobernador de Chihuahua y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, se establece que los internos imputados son llevados a
los referidos centros luego de dos años de prisión preventiva y sin que se les haya dictado sentencia.
Para la CNDH, al continuar presos en esas instalaciones, se violan sus derechos humanos de acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la legalidad.
Explicó que derivado de una nota periodística, inició una investigación en la que constató que en los centros de Arraigo existentes en Chihuahua había personas privadas de su
libertad bajo la modalidad de “Arraigo en el Domicilio”.
Si bien esa figura se contempla en la legislación procesal de esa entidad, no autoriza a que el citado arraigo se efectúe en centros de reclusión, cualquiera que sea la denominación
que éstos adopten.
Por ello, la CNDH recomendó al mandatario local girar instrucciones a la Fiscalía General del Estado a efecto de que se informe correctamente sobre el total de las personas privadas de la libertad para su registro en el Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística.
Además, que se tomen las medidas necesarias para que se instrumenten manuales y protocolos acordes a lo que señala la Constitución General de la República y se instruya a
quien corresponda para que se colabore con la CNDH en la presentación de la queja que se promueva ante la Secretaría de la Función Pública del estado.
También solicitó al gobernador impartir cursos de capacitación al personal de la Fiscalía General en temas de derechos humanos, equidad de género y en proceso penal acusatorio y oral.
Mientras que al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua le recomendó la revisión de los casos de las personas privadas de su libertad que se encuentran en los centros de Arraigo, respetando los términos señalados en la Constitución Política y en los criterios, normas y leyes nacionales e internacionales.
