WASHINGTON (AP) — Más de uno de cada cuatro casos de posibles abusos físicos y sexuales contra pacientes de residencias en Estados Unidos quedarían sin reportar a la policía, según una auditoría del gobierno que culpó a Medicare por no aplicar una ley federal que requiere una notificación inmediata.
La oficina del inspector general de Servicios Humanos y de Salud emitió el lunes una “alerta temprana” basándose en sus hallazgos tras analizar una amplia muestra de casos en 33 estados. Los investigadores concluyeron que Medicare debe tomar medidas correctivas sin tardanza.
“Confiamos en que podamos evitar que esto le ocurra a nadie más”, dijo Curtis Roy, director de auditoría de la oficina del inspector general, que investiga fraude, derroche y abusos en el sistema sanitario. La auditoría forma parte de una pesquisa en marcha más amplia y se esperan más hallazgos, señaló.
Unos 1,4 millones de personas viven en centros para ancianos y discapacitados en Estados Unidos, y la calidad es una preocupación constante. Pese a una mayor concienciación, siguen ocurriendo incidentes atroces.
Los auditores emplearon técnicas de análisis de datos para identificar 134 casos en los que registros de urgencias hospitalarias indicaron posibles abusos físicos o sexuales, o bien negligencia, sufridos por internos de residencias. Los incidentes ocurrieron en un periodo de dos años de 2015 a 2016.
Illinois tuvo la cifra más alta en total con 17 casos. Le seguían Michigan (13), Texas (9) y California (8).
En 38 de los casos en total (el 28%), los investigadores no encontraron pruebas en registros hospitalarios de que el incidente se reportara a las autoridades locales, a pesar de la ley federal que requiere que se reporte con premura a los centros, y de requisitos similares estatales y locales.
“Basándonos en los registros que teníamos disponibles, no pudimos determinar que se reportaran a las fuerzas de seguridad”, dijo Roy.
El estatuto federal lleva en vigor más de cinco años, pero los investigadores determinaron que Medicare no ha aplicado su requisito de que se reporten los incidentes a la policía u otras agencias, con multas de hasta 300.000 dólares si no se da parte.
El personal de los asilos debe reportar de inmediato incidentes que impliquen un supuesto delito, en un margen de dos horas si hay lesiones físicas graves. De lo contrario, las autoridades deben ser informadas en 24 horas.
Medicare “tiene procedimientos inadecuados para asegurar que los incidentes de posible abuso o negligencia sobre beneficiarios de Medicare residentes en (centros asistidos) son identificados y reportados”, afirmó el informe del inspector general.
En un comunicado, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid dijeron que “la seguridad de los residentes de centros asistidos es nuestra prioridad y principal preocupación” y que están comprometidos “a asegurar que estas personas vulnerables son adecuadamente atendidas y que todos los incidentes viables o supuestos de abusos y negligencia son investigados y resueltos por completo”.
La agencia indicó que requiere desde hace tiempo que los centros reporten estos casos de inmediato a las autoridades, y que ofrecería una respuesta formal una vez completada la auditoría.
El inspector general instó a Medicare a comprobar de forma sistemática los registros informatizados de facturas sanitarias para buscar indicios de posibles abusos de los internos. Los investigadores emplearon ese método para encontrar los casos, cruzando registros de residencias y salas de urgencias médicas.
De los 38 casos sin reportar, en 31 había una acusación o sospecha de violación o agresión sexual.
Pero incluso en los 96 casos que se terminaron reportando a la policía, los investigadores no pudieron determinar si se había seguido el requisito federal de notificación “inmediata”.
En un caso clasificado como “reportado a las fuerzas de seguridad”, una anciana con limitaciones verbales y de movilidad fue trasladada a urgencias tras una supuesta agresión sexual por parte de un residente del mismo centro.
El personal de la residencia ayudó a la mujer a bañarse y cambiarse de ropa tras el incidente. “Estas acciones podrían haber destruido cualquier prueba que pudiera haber sido detectada utilizando el kit de violación”, señaló el reporte.
El centro “debería haber reportado el incidente a las fuerzas de seguridad en las dos horas posteriores a presenciar el incidente”, según el reporte.
En cambio, la residencia contactó al día siguiente con la familia de la mujer, que llamó a la policía, y esta inició una investigación.
La residencia “contactó con las fuerzas de seguridad en un intento de impedir que las autoridades investigaran el incidente”, señaló el informe del inspector general citando una pesquisa separada de las autoridades del estado.
La oficina del inspector general denunció los 134 casos a la policía local.
Se espera que el número de internos en residencias crezca en los próximos años conforme más gente llegue a los 80 y 90 años. Medicaid es el principal pagador de asistencia a largo plazo, mientras que Medicare cubre los servicios médicos y atención hospitalaria para ancianos y discapacitados.
