Hace por lo menos una década que los sondeos especializados de confianza institucional se volvieron cosa común en nuestro país. De entonces para acá, ha podido documentarse, cuantificaciones en mano, que las creencias sociales mayoritarias sobre el desempeño de nuestras instituciones políticas (agencias gubernamentales, ejército, policía, partidos políticos, legisladores) son punto menos que trágicas. De algún modo, persisten dosis de añoranza sobre la eficiencia y probidad de los representantes populares y los servidores públicos, pero el cálculo pesimista promedio, lo que realmente se espera, aunque no se desea, es que se desempeñaran exactamente en sentido contrario, y que sus dirigentes permanecerán afanados en lucrar con sus cargos lo más que se pueda. He aquí la clave de la desconfianza.
Hay muchas formas de banalizar esta compleja cuestión. Una muy socorrida es reducir la desconfianza a la mera actitud de no confiar, una especie de vacío anímico a la espera de ser llenado con narrativas empecinadas en exagerar el lado positivo; y no como lo que es: una predisposición activa, incluso energética, a dar por descontado que las instituciones políticas y sus representantes hacen de la traición del interés público su modus vivendi. Otra igualmente socorrida, aunque más sofisticada, consiste en izar la bandera del fortalecimiento a toda costa de estas instituciones y sus representantes, trasladando la factura de su debilidad a la ignorancia o la ingenuidad de quienes les exigen que se conviertan en el “remedio de todos los males”.
En el ámbito electoral, paradójicamente, José Woldenberg se ha colocado como uno de los más entusiastas defensores del INE y el Tribunal Electoral, al extremo de ofrecer las argumentaciones más gariboleadas para trasmutar su fama de “maletas” o “corruptos” en víctimas de las circunstancias: los electores, por su déficit de cultura cívica; los partidos políticos, por tramposos y rejegos para aceptar la derrota; los funcionarios públicos, por sus marrullerías de usar fondos públicos para promoción personal o sus alevosa tendencia a confundir los actos de propaganda con los de rendición de cuentas; los medios de comunicación, por no contar las cosas buenas de las instituciones que sí cuentan; y así por el estilo.
A propósito de lo anterior, he de reconocer que mi imaginación no alcanza para encajar en la visión victimizadora la renuencia del INE a asumirse como el árbitro de la competencia; la omisión sistemática de la Fepade frente a la comisión a granel de conductas delictivas por parte de autoridades gubernamentales federales, locales y municipales; y la abdicación del Tribunal Electoral de su responsabilidad de tutelar los derechos políticos de los mexiquenses, con su osada declaración de validez legal de la elección.
Podrá decirse misa sobre las tropelías en la elección del Estado de México, pero está fuera de discusión que esa película plagada de desaciertos institucionales y con ese triste final para el expediente democrático coincide con lo que la mayoría de los observadores creíamos que sucedería, aún con cierta esperanza de que esta vez no sucediera. Cumplidas las profecías de la desconfianza, lo que sigue está a la vista: desconfianza ampliada y fortalecida. Significa que el margen de dudas sobre la complicidad fraudulenta de las instituciones y sus representantes se cerró aún más.
Un dilema urgente, incluso insoslayable, para los representantes de las instituciones políticas estriba en asumirse como víctimas de las circunstancias (para esos efectos, pueden hacer de San Woldenberg su guía espiritual) o como parte del problema de la desconfianza. En términos prácticos, lo primero induce una estrategia endógena, de enconchamiento, anclada en el entender de que las circunstancias, adversas como son, no son responsabilidad de las instituciones ni forman parte del campo de acción u omisión a considerar por parte de sus representantes. Lo segundo, en cambio, prohíja una estrategia asertiva, asentada en la perspectiva de que las circunstancias bien podrían ser de otra manera y que ello depende fundamentalmente de las acciones u omisiones propias.
Ambas opciones son igualmente posibles y, a no dudar, susceptibles de argumentación y evidencia favorables. Tan cierto como ello resulta que, más allá de las preferencias, la desconfianza creciente en las instituciones políticas representa el peor de los escenarios, pues instaura un círculo pernicioso difícil de superar: que los desconfiados no cooperen con las instituciones, por considerarlas tramposas e ineficientes; lo que abona al declive en el desempeño y los resultados y, a la vez, al crecimiento progresivo de la desconfianza.
El dilema crucial para las instituciones políticas, pues, no estriba en si han de encarar o no el desafío de construcción de confianza, sino en si sus representantes se comportarán como líderes transformacionales o burócratas ramplones, obsesionados con seguir al pie de la letra los manuales y los reglamentos.
Ciertamente, las leyes no tipifican como delito la desconfianza institucional ni tampoco penalizan a sus representantes por generarla o ser omisos frente a su progresión. El punto es que en el pecado está la penitencia. No hay modo de que en nuestra civilización una institución política pueda sortear sus desafíos de manera sostenible, si fracasa en la más elemental de las tareas: ganarse la confianza y el aprecio sociales.
En el actual contexto político nacional, las posibilidades no lucen buenas. Las estrategias de los políticos profesionales, esos que a todas lucen viven de la política, apuestan a la argucia de presentarse como no-políticos, sino como ciudadanos. En buena lógica, la conclusión es que entre dignificar la política o aliarse con los desconfiados, prefieren lo segundo. El Frente Ciudadano por México, se olvidó de repente de su naturaleza y raíces partidistas, aunque reparta las candidaturas como cualquier partido. Mancera, a propósito de su quinto informe de gobierno, decidió que su vocación es “ciudadana”, cualquier cosa sea lo que ello signifique, y que la rendición de cuentas dejó de ser un acto político, para convertirse en mera notificación de resultados.
Por verse está qué tan buenos pueden ser los resultados de los políticos que juegan a no serlo y prefieren escupir en el pesebre del cual viven. En cambio, pocas dudas existen de que, en esa ruta, además de la desconfianza en las instituciones políticas, los políticos están fortaleciendo los factores que les colocan como los más odiados.
*Analista político
@franbedolla
