La ayuda federal comenzaron a llegar a Puerto Rico tras el paso del huracán María.
Grandes cantidades de ayuda federal comenzaron a llegar a Puerto Rico el sábado tras el paso del huracán María y fueron recibidas con beneplácito por las autoridades locales, que elogiaron la respuesta del gobierno de Donald Trump pero pidieron la flexibilización de las normas a las que se culpa de condenar a este territorio estadounidense a un estatus de segunda clase.
En el noroeste de Puerto Rico, la gente comenzó a regresar a sus hogares después de que un aliviadero redujo la presión sobre una represa que se fisuró después de que cayeron más de 300 milímetros (un pie) de lluvia luego del meteoro.
La apertura del principal puerto de la isla en la capital le permitió a 11 buques llevar poco más de seis millones de litros (1,6 millones de galones) de agua, 23.000 catres, decenas de generadores eléctricos y alimentos. Se espera que en los próximos días lleguen decenas de cargamentos adicionales.
Las autoridades federales buscan apresurarse a frenar una creciente crisis humanitaria en poblados que se quedaron sin agua potable, combustible, electricidad o servicio telefónico. Funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que está a cargo del esfuerzo de ayuda, dijeron que llevarían teléfonos satelitales a todos los poblados y ciudades de Puerto Rico, más de la mitad de los cuales quedaron aislados luego del paso devastador de María sobre la isla el miércoles.
De por sí, la infraestructura ya estaba en mala forma mucho antes de que el meteoro llegara. Una crisis deudora por 73.000 millones de dólares ha dejado en quiebra a agencias como la compañía eléctrica estatal. Como resultado, la empresa abandonó el mantenimiento más básico en los últimos años, por lo que ocurrían apagones con frecuencia.
Una junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico autorizó el uso de hasta 1.000 millones de dólares para la respuesta a los daños por el huracán, pero el gobernador Ricardo Roselló dijo que solicitaría más, e indicó que en el próximo mes la isla prácticamente no recaudará impuestos.
La representante federal Nydia Velazquez dijo que solicitará una exención por un año de la Ley Jones, una legislación federal a la que se culpa de hacer subir los precios en Puerto Rico al requerir que los envíos de carga allí sean transportados únicamente en buques estadounidenses como una forma de apoyar a la industria marítima de Estados Unidos.
“Usaremos todos nuestros recursos”, afirmo Velazquez. “Necesitamos hacer que Puerto Rico esté de nuevo en pie. Estos son ciudadanos estadounidenses”.
Un grupo de alcaldes angustiados llegó a la capital para reunirse con Rosselló con el fin de presentarle una larga lista de artículos que necesitan urgentemente. El poblado costero de Manatí, en el norte de la isla, se quedó sin combustible y agua potable, dijo el alcalde José Sánchez González entre lágrimas.
La cifra de fallecidos que dejó María en Puerto Rico es de cuando menos 10, incluidos dos policías que se ahogaron en una inundación en el poblado occidental de Aguada. Se espera que esa cifra aumente.
Roselló dijo que es evidente que las consecuencias del meteoro serán más costosas que las de la última gran tormenta en azotar la isla, el huracán George en septiembre de 1998.
Una represa ubicada río arriba de los pueblos de Quebradillas e Isabela en el noroeste de Puerto Rico tenía una fisura pero no se había reventado para el sábado por la noche, a medida que el agua continuaba saliendo del lago Guajataca.
