Decenas de miles de jóvenes -conocidos como «dreamers» que cumplen los requisitos para renovar la protección que les permite no ser deportados aún no habían entregado sus solicitudes horas antes del vencimiento del plazo el jueves asignado por el gobierno del magnate Donald Trump.
El gobierno está dando los últimos toques a una lista de medidas en materia de inmigración que podrían poner en riesgo una solución a largo plazo al problema de los jóvenes.
Bajo un plan de eliminación gradual anunciado por el presidente el mes pasado, más de 150 mil jóvenes cubiertos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), cuyos permisos iban a expirar antes del 5 de marzo, recibieron la oportunidad de solicitar su renovación, siempre y cuando las presentaran a más tardar el 5 de octubre.
Trump le dio al Congreso un plazo de seis meses para que proponga un proyecto legislativo para reemplazar el programa. El DACA impide que sean deportados cientos de miles de jóvenes -muchos de ellos traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños- y les permite trabajar con autorización legal.
Aunque las cifras finales no estarán disponibles sino hasta la semana pasada, David Lapan, vocero del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que aproximadamente 118 mil de las cerca de 154 mil personas que cumplen los requisitos para la renovación habían entregado sus solicitudes para el jueves al mediodía.
Eso implica que 36 mil -o casi el 23 por ciento de los que pueden hacerlo- no lo han hecho. Las instalaciones que procesan las solicitudes estaban preparadas para aceptar los envíos por mensajería hasta la medianoche, señaló.
El fin del plazo se acercaba mientras el gobierno de Trump concluía los detalles de una serie de medidas sobre la inmigración que podrían trastocar los esfuerzos para hallar una solución permanente a la situación de los amparados por el DACA, con frecuencia conocidos como dreamers.
Según personas familiarizadas con las conversaciones que se llevan a cabo, se espera que las medidas incluyan elementos de un proyecto de ley que reduciría dramáticamente las tasas de inmigración legal y reorganizaría el sistema de tarjetas verdes -con las que se autoriza la residencia legal- para impedir que otros familiares, incluidos los hermanos e hijos adultos, alcancen en Estados Unidos a sus parientes que ya residen permanentemente allí.
