El gobierno español anunció que seguirá adelante con la aplicación del artículo 155 «para restaurar la legalidad» en Cataluña no dando por buena la respuesta del presidente catalán Carles Puigdemont a sus demandas.
El jueves a las 10:00 (08:00 GMT) vencía el plazo definitivo para que Puigdemont aclarara al gobierno conservador de Mariano Rajoy si declaró o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán que acaparó la atención mundial.
En su respuesta, Puigdemont afirmó que «si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10».
Rajoy no se dio por satisfecho y convocó para el sábado un consejo de ministros extraordinario para avanzar en los trámites para intervenir en la administración catalana.
«El gobierno de España ha constatado a las 10 horas de esta mañana, último plazo establecido, la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender el requerimiento», anunció en un comunicado.
«En consecuencia, el Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña», añadió.
Ese artículo permite al gobierno central ejercer las competencias de una autonomía en caso de que esta incumpla la ley.
«El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico» causados por el desafío independentista, según el comunicado.
La aplicación del 155 llevará días
El artículo 155 dice que el gobierno central «podrá adoptar las medidas necesarias» para forzar a una comunidad autónoma «al cumplimiento forzoso» de sus obligaciones. Requiere una adopción en el Consejo de Ministros y la subsiguiente aprobación del Senado, un trámite que podría alargarse varios días.
La mayoría independentista del Parlamento catalán se comprometió a proclamar la secesión si ésta se imponía en el referéndum inconstitucional del 1 de octubre, como así fue, con 90% de los votos a favor pero una participación inferior a la mitad del censo.
Rajoy viajará este jueves a Bruselas para participar en una cumbre europea, y la primera reunión del conjunto del gobierno no será hasta el sábado.
En un primer plazo, que concluyó el lunes, Puigdemont se limitó a ofrecer diálogo, un guante lanzado e ignorado por el gobierno central, que insiste en que la declaración rompería la legalidad española.
«No se puede dialogar con quienes están fuera de la ley y de la Constitución, no es una cuestión menor, es una cuestión urgente», dijo el jefe del gobierno español en el Congreso el miércoles.
La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, le lanzó un aviso: no atender el requerimiento del gobierno español, «hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del articulo 155» de la Constitución.
El 155 podría dar lugar a que el gobierno central asuma la dirección y gestión de Cataluña, la destitución de dirigentes y la toma de control de su policía, los «Mossos d’Esquadra».
Pero eso también podría generar fuertes movilizaciones -que empezarán este mismo jueves por la tarde- y una inestabilidad creciente en la región, muy dañina para la economía.
La salida de unas elecciones regionales
El ejecutivo de Rajoy tendió un puente de última hora. Una fuente del gobierno español confirmó a la AFP que no invocarían el Artículo 155 si Puigdemont convoca elecciones regionales.
Se ignora si esa oferta se extiende a los días del trámite del 155, lo que supondría de facto un tercer plazo para Puigdemont.
El clima se mantenía tenso desde que el lunes fueran encarcelados a la espera de un eventual juicio por sedición dos líderes independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, una decisión judicial que fue contestada con movilizaciones en toda Cataluña.
En el frente independentista, los aliados parlamentarios de Puigdemont, la CUP, le exigen que proclame inmediatamente la independencia. Sus diez diputados son esenciales para la supervivencia del gobierno catalán.
El gobierno central no ha avanzado qué medidas concretas significará el uso de ese artículo de la Constitución de 1978 que nunca hubo que usar a fondo, pero los partidos de la oposición que apoyan la medida, el Partido Socialista y Ciudadanos, quieren que desemboque en la convocatoria de elecciones regionales.
