La Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) giraron las primeras 13 sentencias condenatorias por delitos fiscales en contra de representantes legales y socios de una red de empresas fantasmas en Veracruz, que habrían recibido recursos públicos del gobierno de Javier Duarte.
Asimismo, jueces federales dieron 13 órdenes de aprehensión contra otros involucrados; por su parte, el SAT presentó 5 nuevas denuncias contra quien resulte responsable de las operaciones simuladas entre las compañías y el gobierno de Veracruz.
Entre los sentenciados hay gente de bajos recursos, militantes del PRI en el estado o personas que aunque no eran empresarios simularon que lo eran en el papel, proporcionando datos fiscales falsos. Todos aceptaron declararse culpables a cambio de sentencias reducidas que les permitieran no ser encarcelados.
El delito que se les imputó fue “rendir con falsedad al registro, los datos, informes o avisos a que se encuentran obligados los contribuyentes”. La pena para los que cometen este ilícito va de los tres meses a los tres años de prisión.
