Al firmar el decreto en la Casa Blanca, Trump declaró que “esta epidemia es una emergencia nacional de salud”, rodeado de familias afectadas por el abuso de opiáceos, legisladores y funcionarios, “Como estadunidenses ─afirmó─, no podemos permitir que esto continue. Es hora de liberar nuestras comunidades de este flagelo”. Sin embargo, no ofreció detalles sobre lo que llamó una crisis sin precedente, y pareció enfatizar más que nada “su idea” de una gran campaña publicitaria promoviendo la abstinencia, afirmando que “si podemos educar a los jóvenes, y la gente en general, a no empezar, es realmente muy fácil no consumirlas, y creo que eso va acabar siendo la cosa más importante”. Prometió: “vamos a superar la adicción en Estados Unidos”.
Y usó el momento para enmarcar su retórica con el viejo vocabulario de la “guerra” antinarcóticos incluyendo la amenaza extranjera, afirmando que el 90 por ciento de las drogas ilícitas llegan del exterior y advirtió sobre la infiltración al país por los cárteles internacionales y por lo tanto la necesidad de sus medidas para un mayor control migratorio y la construcción del muro fronterizo, como parte lo que ya está logrando su gobierno contra esta “amenaza”.
Su declaración de una “emergencia de salud pública” hoy fue un paso menor al esperado, incluso del que él mismo había prometido desde su campaña y en los primeros meses de su presidencia de proclamar la crisis como una “emergencia nacional”, lo cual habría liberado de inmediato muchos más recursos federales a los estados para enfrentar la “epidemia”.
Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) del gobierno federal, unos 142 estadunidenses mueren diario por sobredosis de drogas, y un poco más de 100 de ellos por opiáceos. De acuerdo con los cálculos oficiales más recientes, aproximadamente 64 mil personas murieron por sobredosis de droga en 2016 -un incremento de más del 22 por ciento sobre 2015. Los expertos de salud pública pronostican que las sobredosis permanecerán como la principal causa de muerte para estadunidenses bajo los 50 años de edad.
Hoy día, las sobredosis de drogas matan a más gente en este país que los accidentes automovilísticos y homicidios por armas de fuego combinados.
Según cifras de años recientes, los opiáceos (fentanyl y derivados, heroína y opiáceos recetados) estaban vinculados a casi dos tercios del total de estas sobredosis -con más de 14 mil por drogas recetadas. Cocaína y metanfetaminas son las otras drogas relacionadas con sobredosis mortales. Según el CDC, desde 1999 se ha cuadruplicado el número de casos de sobredosis por opiáceos.
Gran parte de estas drogas son legales, o sea, son por receta médica, y su prescripción también se ha cuadruplicado desde 1999. O sea, los principales narcotraficantes detrás de esta crisis son médicos y hospitales quienes, están prescribiendo suficientes drogas legales como Percocet y OxyContin cada año como para medicar a toda la población estadunidense durante tres semanas. Ningún otro país consume más opiáceos. Las ventas de opiáceos recetados superaban los 11 mil millones de dólares en 2012.
Desde los noventa, la industria farmacéutica empezó a promover el uso más amplio de opiáceos ya no sólo para casos de dolor extremo, sino para molestias cotidianas. Años despues, con intentos de reducir lo que antes se promovía casi como “aspirinas de lujo”, llevó a que millones recurrieran cada vez a opiáceos ilícitos para alimentar su adiccion cuando ya no lograban conseguir los recetados, llevando a un incremento de uso de heroína y fentanyl. En 2015, 27 millones de estadunidenses reportaron el uso de drogas ilícitas o abuso de drogas recetadas, pero nadie sabe cuál es el número preciso.
La emergencia de salud declarada por Trump es acompañada de una serie de iniciativas federales para promover mayor atención médica y contratar a más personal de salud pública dedicada a esta crisis, pero careció de un anuncio de una asignación de fondos federales para enfrentar la crisis. Por lo tanto, aunque algunos elogiaron el anuncio por ayudar a enfocar mayor atención pública al asunto, muchos criticaron la iniciativa del presidente como insuficiente y más simbólica que real ya que no otorga suficientes recursos para atender las dimensiones de la crisis.
El senador demócrata Patrick Leahy comentó, a nombre de varios de sus colegas, que “las palabras del presidente son justo eso -palabras. No hay acción o nuevo financiamiento detrás de las palabras vacías del presidente al abordar esta crisis -eso no es aceptable”. Críticos del sector de salud hicieron eco de esto, expresando su desilusión con la falta de iniciativas y compromisos concretos.
Para promotores de una reforma de la política antinarcóticos de este país, las declaraciones de Trump no ofrecen nada nuevo, ni positivo. “Ante una devastadora crisis de opiáceos, el presidente…. Dejó claro su estrategia: meter su cabeza en la arena y acusar a los inmigrantes”, declaró Maria McFarland Sanchez-Moreno, directora ejecutiva del Drug Policy Alliance. Acusó que las propuestas giran sobre estrategias fallidas como el “solo dí que no” de la era de Reagan, y promoviendo el mismo marco penal para abordar un asunto de salud. Con ello, “está condenando aún a más gente a la muerte, encarcelamiento y deportación a nombre de su guerra contra las drogas”.
Mientras tanto, el gobierno de Trump tiene vacantes los dos puestos claves para promover e implementar cualquier iniciativa de este tipo. Peor aún, tuvo que retirar el nombramiento de su “zar antinarcóticos” -el director de la oficina de la Casa Blanca sobre drogas- después de revelarse, la semana pasada, que su candidato, el representante republicano Tom Marino, había trabajado a favor de la industria farmacéutica al promover legislación que redujo la norma para que la DEA interceda en congelar ventas sospechosas de opiáceos legales para evitar su flujo al mercado negro. Las farmacéuticas habían apoyado la nueva ley, ya que se quejaban de que esa norma estaba limpiando la disponibilidad de sus drogas para controlar el dolor de pacientes legítimos,
Vale señalar que esa ley apoyada por la industria fue aprobada por legisladores de ambos partidos y promulgada en ley por el presidente Barack Obama -algo que ha nutrido el debate sobre la influencia masiva de esa y otras industrias sobre la cúpula política en Washington.
Por otro lado, aún no se ha nombrado a un sustituto para su ahora ex secretario de Salud y Servicios Humanos Tom Price, quien renunció el mes pasado después de que se descubrió que había usado aviones privados para sus viajes oficiales a un costo elevado pagado por el erario público.
