Seis legisladores catalanes declararon este jueves ante un juez por las acusaciones de que ignoraron las órdenes del Tribunal Constitucional español y permitieron una votación sobre la independencia de Cataluña en el Parlamento regional.
La presidenta de la cámara autonómica, Carme Forcadell, fue la primera en declarar ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y dos fiscales. Al igual que otros cinco miembros de la mesa del Parlamento catalán, la funcionaria afronta posibles cargos de rebelión, sedición y malversación.
Estos delitos podrían suponer penas de prisión de hasta 30 años, según la legislación española.
El juez tendrá que decidir tras tomarles declaración si se decretan medidas cautelares -incluida la prisión preventiva– mientras prosigue la investigación.
La declaración de independencia del 27 de octubre en el Parlamento catalán fue boicoteada por la mayoría de los legisladores de oposición, pero se celebró pese a órdenes judiciales previas. El texto se aprobó por 70 votos a favor y 10 en contra en la cámara de 135 escaños.
Tribunal Constitucional anula la declaración de independencia de Cataluña
Las autoridades centrales españolas adoptaron la medida sin precedentes de intervenir la acomodada región poco después, la primera vez en cuatro décadas de democracia que una de las 17 comunidades autónomas españolas pierde de manera temporal su capacidad de autogobierno.
España destituyó al gobierno regional, disolvió el Parlamento y convocó nuevas elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
El expresidente regional, Carles Puigdemont, y cuatro miembros de su gobierno huyeron a Bruselas, donde tratan de evitar órdenes españolas de arresto y extradición.
En una carta subida este jueves a redes sociales, los cinco pidieron apoyo para los partidos independentistas en las próximas elecciones catalanas.
“Toca expulsar de las instituciones (catalanas) a aquellos que quieren hacerlas suyas con un golpe de Estado”, tuiteó Puigdemont, en referencia a la decisión del gobierno español de asumir las competencias del gobierno catalán.
Toca foragitar de les institucions els qui se les han volgut fer seves amb un cop d'estat. Carta des de Bèlgica https://t.co/k19rgV2MC9 pic.twitter.com/DJldcBOeSZ
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 9, 2017
Puigdemont, que se podría presentar como candidato por su partido de centroderecha PDeCAT, dijo que viajó a Bélgica para ganar apoyos en Europa por la causa catalana, y que no intenta huir de la justicia.
Aunque ningún país se ha puesto de su lado en público, su presencia en la capital belga está sembrando divisiones en la clase política. En la carta del jueves, los miembros del destituido gobierno regional criticaron a la Unión Europea por hacer oídos sordos a la situación de los catalanes.
“Los tiempos que pasemos entre rejas españolas o en el exilio no serán en vano si seguimos unidos en la defensa de Cataluña y en la denuncia de la decadencia democrática del estado español”, afirmó la carta.
El presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, declaró hoy que la política hacia Cataluña tiene el total respaldo “cien por cien” de los países de la UE.
En una visita a Salamanca, a unos 220 kilómetros (135 millas) al noroeste de Madrid, Rajoy dijo que espera que las próximas elecciones regionales permitan “iniciar una nueva etapa”.
Expresó esperanzas de una “participación masiva” ese día y que “todo el mundo vaya a votar”. En los comicios catalanes, dijo, se decidirán “muchas cosas” y es importante que se vaya a “una situación de normalidad” en la que se cumpla la ley.
Forcadell sigue siendo la presidenta del Parlamento regional y lidera una comisión de dos docenas de legisladores durante el periodo de transición hasta los comicios del mes que viene.
El Tribunal Supremo demoró las declaraciones durante más de una semana después de que los abogados de la defensa alegaran que no había tenido tiempo suficiente para prepararse.
