La perita peruana Julissa Mantilla realizó un peritaje que presentó el jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que señala a policías y funcionarios por ejercer violencia sexual contra mujeres durante el operativo de San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.
Al presentar el peritaje en audiencia pública, la experta en violencia sexual analizó el caso de mujeres detenidas durante el operativo realizado entre el 3 y el 4 de mayo.
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Luego, Mantilla recibió preguntas de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las denunciantes, así como jueces de la Corte Interamericana y funcionarios del estado mexicano.
Según señala Aristegui Noticias, Rosalinda Salinas, de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Miriam Heredia, de Asuntos Internacionales de la PGR, y Uriel Salas, de la Cancillería, le preguntaron a la experta de forma reiterada sobre si conocía las acciones del gobierno en materia de género, sin referirse al caso de Atenco.
A lo cual, Mantilla respondió que su peritaje estaba centrado exclusivamente en la investigación general del caso.
En tanto, Silvia Serrano experta legal de la CIDH, preguntó si el haber iniciado la indagatoria varios días después de la denuncia afectó la debida diligencia; Mantilla respondió que sí y que los exámenes a las víctimas en la cárcel donde fueron recluidas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no fueron adecuados.
A presunta expresa del juez argentino Eugenio Zaffaroni, la experta aseguró que los funcionarios que participaron en las agresiones sexuales en Atenco no lo hicieron como un hecho aislado, sino para “reprimir, sancionar y atacar”.
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Por ello, dijo que el no haber previsto que en un operativo con fuerza pública y mujeres involucradas, como el de Atenco en 2006, podría ocurrir violencia sexual e constituye una omisión de gravedad.
Por último, junto con la jueza Elizabeth Odio Benito, concluyeron que, pese a que se han logrado progresos y se han fijado estándares contra la violencia sexual en México, esto aún no se aplica por, según dijeron, “voluntad política del patriarcado”.
