Las cuatro mil personas que sufren desplazamiento forzado en Chiapas hacen insostenible la situación en los municipios de Chenalhó y Chalchihuaitán, advirtió la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En un comunicado, la agencia de la ONU manifestó su profunda preocupación por la situación derivada de un conflicto histórico por los límites entre comunidades de ambos municipios.
Asimismo, advirtió que entre los desplazados hay muchos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad altas como niños, embarazadas y personas adultas mayores, que “han sido forzados a enfrentar condiciones precarias e inhumanas«.
Entre ellas, ONU-DH enlistó la falta de condiciones mínimas de salud, ausencia de refugio adecuado, poco o nulo acceso al agua y la alimentación, además de encontrarse en situación de continua inseguridad.
El comunicado recoge las declaraciones del representante en México de ONU-DH, Jan Jarab, quien calificó de trágica e inadmisible la situación, la cual exige una respuesta pronta y adecuada para dar seguridad a las personas, así como ayuda humanitaria inmediata y culturalmente adecuada.
Se requiere también generar las condiciones necesarias para garantizar un retorno seguro a los hogares para esas personas, proveyéndoles de protección posterior.
Además, es necesario lograr una solución integral y duradera que ponga en el centro los problemas estructurales que han dado origen al desplazamiento interno forzado y la solución de los conflictos que enfrentan esas comunidades.
El organismo internacional recomendó que el proceso cuente con el apoyo y la mediación de instituciones y organizaciones civiles relevantes para poner fin a las tensiones entre las comunidades y asegurar que hechos de ese tipo no vuelvan a ocurrir.
Durante su visita al país el mes pasado, la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, recibió información sobre el caso y al término de su misión aludió la situación de los desplazados.
En su momento, llamó al Estado mexicano a tomar “acciones urgentes, de acuerdo con los estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno, para garantizar que todos los desplazados indígenas tengan el derecho a un adecuado nivel de vida”.
Además, es preciso crear las condiciones que permitan a los desplazados internos indígenas el retorno voluntario, con seguridad y dignidad.
Asimismo, la ONU-DH llamó a que se pongan en práctica las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso.
