La ONU y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertaron que la Ley de Seguridad Interior, en los términos en que pretende aprobarse, contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos y no aportaría soluciones reales a la inseguridad en México.
CNDH analizará constitucionalidad de Ley de Seguridad Interior
A través de un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU–DH), Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió no aprobar la norma pues es un “proyecto muy preocupante”.
“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley”, dijo.
Por su parte, en una carta dirigida a la cámara alta, el representante en México de ONU–DH, Jan Jarab, pidió no aprobar la minuta.
“La ONU-DH expresa su profunda preocupación por el contenido de la referida minuta. En diversos espacios públicos, incluido el Senado de la República, la ONU-DH ha declarado la inconveniencia de emitir una ley como la que se propone”, indicó.
“Entre otras consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”, agregó.
Además, Jarab mencionó 14 observaciones a la ley, como la “ambigüedad de conceptos”, las “afectaciones a la protesta social” y la “indebida regulación” del uso de la fuerza.
“Los escenarios que permiten habilitar las acciones previstas en la ley son demasiado generales y poco precisos, de modo tal que se podrían activar los mecanismos previstos en la ley en una cantidad indeterminada de supuestos”, señaló.
El gobierno ha rechazado que la ley pretenda militarizar al país o vulnerar los derechos humanos; mientras, organizaciones nacionales e internacionales han alertado que su aprobación representa un riesgo para los derechos humanos.
Por su parte, la CNDH sostuvo ayer lunes que el dictamen que se discutirá hoy en la cámara alta implica “potenciales riesgos”.
“La emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantean contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles”, apuntó.
La aprobación de la propuesta de ley en los términos en que se presenta “genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos.
Además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, al conceder al Poder Ejecutivo Federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”, agregó.
Se prevé que el dictamen sea discutido este martes en el Senado.
