La Corte rechazó que la prisión preventiva de Sala fuera arbitraria y convalidó la decisión de mantenerla en arresto “por existir riesgo de obstaculización del proceso” en el que se le imputan delitos de asociación ilícita, fraude y extorsión.
Sala está en una cárcel de Jujuy (1.900 km al norte de Buenos Aires), donde cumple prisión preventiva desde principios de 2016.
En agosto pasado y en base a medidas cautelares otorgadas por la CIDH, la justicia argentina le había concedido el arresto domiciliario, pero un mes después un tribunal de apelaciones revocó el beneficio.
En noviembre, la Corte Interamericana exigió a Argentina que vuelva a colocar a Sala en arresto domiciliario para garantizar “su vida, integridad personal y salud”.
Este miércoles el Supremo Tribunal argentino ordenó que se cumpla esa sentencia.
También consideró “justificada” la prisión preventiva que había ordenado la justicia de Jujuy ante “la existencia de un entramado organizacional a disposición de la imputada, presuntamente utilizado para infundir temor por las consecuencias adversas de enfrentar sus intereses”.
El máximo tribunal advirtió sin embargo que “la prisión preventiva nunca puede ser la manera encubierta en que el Estado castigue a quien está sujeto a proceso”.
El tribunal instó a que se “adopte con urgencia alguna de las medida alternativas a la prisión preventiva carcelaria”.
En otro fallo, la Corte Suprema también rechazó por unanimidad este miércoles que Sala posea inmunidad por haber sido electa parlamentaria del Mercosur.
El tribunal consideró que la inmunidad prevista por la normativa del Mercosur “se encuentra claramente circunscripta a la de juzgamiento civil o penal por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones”.
Ambos fallos tienen fecha 5 de diciembre pero fueron divulgados este miércoles.
Sala enfrenta causas en la justicia por amenazas y malversación de fondos que recibió su organización Tupac Amaru para la construcción de viviendas sociales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Sus defensores la consideran una presa política.
La CIDH, Amnistía Internacional, un comité de expertos de Naciones Unidas y organismos defensores de derechos humanos han reclamado su liberación al considerar que su arresto es arbitrario y violatorio de estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
