El pleno del Senado de la República aprobó ayer miércoles el dictamen que expide la Ley General de Archivos, la cual establece los principios y bases para la organización, conservación, administración y preservación de los documentos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes de la Unión.
Con 90 votos a favor, se aprobó dicha ley, que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y “determina las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y fomenta el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la nación”, informó la cámara alta en un comunicado.
Entre los objetivos de la Ley, está promover el uso de métodos y técnicas encaminados a desarrollar sistemas de archivos que garanticen la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados.
El ordenamiento regula la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos de los sujetos obligados, a fin de que éstos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la información que por su contenido sea de interés público.
“Se promueve el uso y difusión de los archivos producidos por los sujetos obligados para favorecer la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional de México, e impulsa el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para mejorar la administración de archivos”, afirmó.
Incluye las bases para el desarrollo y la implementación de un sistema integral de gestión de documentos electrónicos encaminado al establecimiento de gobiernos digitales y abiertos en los ámbitos federal, estatal y municipal.
“La ley contribuye al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria, de conformidad con las disposiciones aplicables, promueve la organización, conservación, difusión y divulgación del patrimonio documental nacional y fomenta la cultura archivística”, agregó el Senado.
Los sujetos obligados se regirán por los principios de conservación, procedencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad.
Se aclara que toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de sujetos obligados será pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.
