El presidente de Argentina, Mauricio Macri, enfrenta la peor crisis política de su gestión luego de que se suspendiera el debate de su reforma jubilatoria en medio de una tensa jornada que incluyó una violenta represión policial.
Macri especuló incluso con sacar adelante los cambios a la ley provisional con un “decreto de necesidad y urgencia”, es decir, sin tomar en cuenta al Congreso.
La decisión, que hubiera desatado de nuevo protestas callejeras, fue frenada gracias a una de las principales aliadas macristas, la diputada Elisa Carrió, quien advirtió que el decreto sería inconstitucional y ella no lo apoyaría.
Ahora, el gobierno apuesta a que la reforma sea discutida en una sesión especial prevista para el próximo lunes en la Cámara de Diputados, pero antes tiene que garantizar que cuenta con los votos necesarios para que sea aprobada.
El gobierno propuso cambios a la actualización de las jubilaciones que, según su versión, implicará que estos ingresos sean 5.0 por ciento mayores a la inflación el próximo año.
Opositores, consultoras privadas e incluso economistas cercanos al macrismo han advertido, por el contrario, que la reforma recorta en unos 100 mil millones de pesos (casi seis mil millones de dólares) las jubilaciones y diversos programas sociales.
Aunque la ley pasó sin mayores problemas en el Senado, en los días previos a su ratificación en la Cámara de Diputados la oposición unió fuerzas y el rechazo social a la propuesta del gobierno fue creciendo.
El oficialismo aspiraba a que la reforma se aprobara la víspera, pero fue tal el caos que había adentro y afuera del recinto, que la propia Carrió reconoció que en esas condiciones no se podía realizar la sesión, de lo cual responsabilizó a los opositores.
Cuando los legisladores aun discutían adentro del recinto, afuera las fuerzas de Seguridad que habían rodeado el Congreso comenzaron a reprimir a los manifestantes con balas de goma, carros hidrantes, chorros de pintura y gases lacrimógenos.
Los ataques de gendarmes y policías fueron indiscriminados, ya que reprimieron no sólo a los pequeños grupos que lanzaban piedras, sino a jubilados, periodistas y diputados.
La diputada izquierdista Mayra Mendoza, por ejemplo, fue gaseada de manera directa en pleno rostro a pesar de que se había identificado como congresista mientras era rodeada por un grupo de gendarmes.
En tanto, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires reportó a una decena de periodistas heridos con balas de goma durante la represión, por lo que exigió la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Además, 40 personas fueron detenidas, entre ellas personas que salían de trabajar y que ni siquiera habían participado en la marcha.
Este viernes, después de la violencia vivida la víspera, se acentuaron las críticas al gobierno por haber querido que se aprobara una ley tan delicada en tiempo exprés.
Desde el oficialismo, no reconocieron la represión e insistieron en calificar como violentos a los manifestantes de la izquierda y el kirchnerismo, aunque fueron muchas otras las agrupaciones que se movilizaron.
