Aracely González Saavedra, integrante del colectivo Equifonía A.C., señaló que “cuando se decreta una alerta, fracasa el gobierno del estado, la Conavim, el gobierno federal y las organizaciones que estamos trabajando y exigiendo”.
Luego de que Veracruz se convirtiera en la primera entidad en el país con dos alertas de género, la activista consideró que la manera en que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) fue irresponsable, pues no hizo un llamamiento especial al Congreso local por incumplir con la reforma del delito de aborto en el Código Penal.
Cabe recordar que la segunda alerta fue por Agravio Comparado, es decir, porque existe un marco legislativo que violenta los derechos de las mujeres, en especial los reproductivos.
En conferencia de prensa, organizaciones civiles advirtieron que existen datos que revelan que la Conavim tiene intereses económicos con el Observatorio Nacional del Feminicidio, y a este le conviene que se decrete la alerta, pues recibe dinero de los cursos y capacitaciones.
“Eso nos parece muy grave porque otra vez se anteponen los intereses personales y económicos por encima de los derechos de las mujeres”, acusó Verónica Cruz Sánchez, del Centro Las Libres.
Integrantes de organizaciones como Haceres, Equifonía, Centro Las Libres, Red Unidos por los Derechos Humanos, Comité promotor por una maternidad segura y la Articulación Interestatal por el derecho a decidir, aseguraron que la comisión que revisó las 13 recomendaciones emitidas al Congreso, al Ejecutivo, a la Secretaría de Salud estatal y a la Fiscalía durante la primera alerta, no analizó las medidas que sí se están cumpliendo y significan un avance para las mujeres.
