El pasado 18 de diciembre se confirmó la muerte del joven Raymundo Luna Pérez, de 18 años, luego de haber tomado un herbicida, al parecer porque se encontraba deprimido por el conflicto por límites territoriales que se vive en comunidades entre Chalchihuitán y Chenalhó, que provocó que fueran desplazados de su comunidad junto con su familia.
El párroco Marcelo Pérez señaló que el joven indígena sufrió estrés, desesperación y angustia por vivir fuera de su casa, de donde hace más de un mes fue desalojado por un grupo de sujetos armados y encapuchados.
Desplazados y grupos armados
Por su parte, el obispo Felipe Arizmendi Esquivel afirmó que el sábado 16 vistió a los desplazados de Chalchihuitán y constató las condiciones precarias en las que se encuentran.
Arizmendi destacó que «miles de desplazados continúan viviendo en las montañas, expuestos a todas las inclemencias del tiempo, donde además pasan hambre y enfermedades».
Asimismo, el obispo destacó que pudo pasar por la carretera desde la comunidad Las Limas hasta la cabecera municipal, donde pudo obserbar casas en el abandono.
Apuntó que sus dueños no se atreven a regresar a sus propiedades pues todavía se escucahn disparos de armas de fuego por parte de grupos armados, que dicen pobladores, «son promovidos por autoridades de Chenalhó”.
Conflicto territorial añejo
El pasado miércoles 13 de diciembre, el Tribunal Agrario emitió su fallo a favor de Chenalhó, para concluir este conflicto territorial que se generó hace 43 años, tras una resolución presidencial, donde la entonces llamada Secretaría de la Reforma Agraria entregó a Chalchihuitán 363 hectáreas que están en los límites con Chenalhó.
Los comuneros de Chalchihuitán dieron a conocer su postura, señalando que buscarán la forma legal de revertir este fallo, acudirán a las instancias superiores al Tribunal Unitario Agrario, como el Tribunal Colegiado, y si es necesario a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, «las tierras fueron ocupadas legalmente. No fuimos ni somos invasores, el gobierno nos dio los documentos legales que acreditan nuestras propiedades».
Asimismo, destacaron que ellos no buscarán la vía armada ni violenta para buscar una solución a este conflicto. “No confían en las armas como recurso para defender sus tierras, porque su fuerza son sus documentos oficiales, que protegen sus derechos” finalizó el obispo Arizmendi Esquivel.
Desde hace 43 años, comuneros de Chenalhó no aceptaron la resolución de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, porque esta, no tomó en cuenta los límites del río, que se consideran ancestrales y por tanto, anteriores a los prescrito por las autoridades federales.
