La revista Forbes dio a conocer el día de hoy que el gobierno mexicano adquirió un sistema de intercepción ilimitado, con el cual intervenía en la comunicación entre periodistas y defensores de derechos humanos.
Además de la adquisición del programa Pegasus, el gobierno mexicano obtuvo el Sistema de Intercepción Ilimitado (ULIN por sus siglas en inglés) para utilizarlo de manera ilegal, en periodistas y defensores sociales.
Este sistema cuesta alrededor de 20 millones de dólares y permite interceptar llamadas, mensajes de texto y datos de geolocalización de los dispositivos celulares, esto de una manera casi indetectable.
La diferencia con Pegasus es que se requiere la instalación del programa en el celular de la víctima, así el ULIN aprovecha una falla en el sistema se señales, así se obtiene un acceso a los mensajes de texto, llamadas y datos de geolocalización de cualquier celular, solamente utilizando la línea telefónica.
La publicación de Forbes muestra que un supuesto exempleado del área de ventas de Ability Inc. informó que el gobierno mexicano adquirió dicho sistema, lo cual hace que México se convirtiera en uno de los mayores compradores de tecnología de vigilancia.
Durante 2017 se comprobó que el gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó de manera ilegal el programa Pegasus, con el fin de espiar a los periodistas mexicanos, inclusive a algunos familiares como fue el caso del hijo de Carmen Aristegui, quien en ese entonces era menor de edad.
Además se infiltraron en información de defensores de derechos humanos, políticos e integrantes del Gripo Interdisciplinario de Experto Independientes (GIEI), quienes acudieron al país para coadyuvar en la investigación de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
Se suman a la lista distintas agencias de seguridad que también adquirieron Pegasus, la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La PGR abrió una carpeta de investigación para determinar quienes utilizaron Pegasus de manera ilegal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) es la principal ya que durante la dirigencia de Tomás Zerón de Lucio, fue señalado por alterar evidencias en la investigación sobre la desaparición de los normalistas y era una pieza central en el aparato de espionaje mexicano.
Las víctimas fueron respaldadas por organizaciones defensoras de libertad de expresión y de derechos digitales, solicitaron al gobierno que la intervención de un grupo de expertos internacionales para supervisar la investigación, pues dudaron que la PGR se investigara a sí misma; el gobierno federal ignoró la petición y testimonios de abogados que siguen el caso dicen que la investigación está estancada.
