La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 71/2017 al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y al fiscal general del estado, Javier Ignacio Olea, por el fallecimiento de ocho recién nacidos contagiados por bacterias, y por 18 meses de inactividad en la investigación del caso.
El organismo nacional defensor de los derechos humanos especificó que no hubo suficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento para la atención de recién nacidos prematuros en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense en Tlapa, lo que provocó la muerte de los bebés.
Explicó que por tratarse de un asunto que por su gravedad trascendió, la CNDH atrajo el caso sobre el expediente de queja integrado por la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) del estado de Guerrero, al evidenciar en ese estudio la reiteración de prácticas en negligencia en partos prematuros.
Así, se constató que en los ocho casos de fallecimiento existían coincidencias en los padecimientos y complicaciones asociadas a que los bebés eran prematuros, que ameritaban atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que estaba inhabilitada por trabajos de ampliación en el Hospital, los cuales no fueron concluidos en la fecha programada.
Por ello, el hospital improvisó áreas de vigilancia en las unidades de cuidados obstétricos, emergencias pediátricas, emergencias para adultos, que no presentaban los requerimientos de higiene, infraestructura, equipamiento e insumos necesarios para una atención de calidad de los recién nacidos, lo que ocasionó que se encontraran expuestos el contagio de bacterias.
Con ello, el hospital no garantizó el derecho a la protección a la misma y a la vida de niñas y niños víctimas del contagio, de acuerdo con un comunicado de la CNDH.
El personal médico manifestó no haber encontrado espacio en otros hospitales para el traslado de los bebés, pero no existe constancia dichas solicitudes, en tanto que las madres de las víctimas no fueron informadas del estado de salud de sus hijas e hijos, ni del motivo del fallecimiento, lo que transgrede el interés superior de la niñez, explicó.
Tras lo ocurrido, la Fiscalía General y el gobierno estatal mantuvieron 18 meses inactiva la investigación del caso, lo que violenta el derecho de acceso a la justicia de las madres y padres de los menores de edad.
Por ello, la CNDH recomendó al mandatario estatal y al fiscal general de la entidad reparar el daño a madres y padres de los menores de edad fallecidos, de acuerdo con la Ley de Víctimas del Estado de Guerrero e inscribirlos en el Registro Estatal de Víctimas, así como darles atención psicológica oportuna.
Además de que el gobernador deberá establecer un programa presupuestario para dotar al hospital de los instrumentos, equipo y medicamentos necesarios que garanticen estándares de calidad en el servicio de salud.
También, concluir las obras de ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, colaborar con la CNDH en la presentación de la queja administrativa correspondiente y capacitar al personal de ese hospital en materia de derecho de protección a la salud con perspectiva de género, con consideración del interés superior de la infancia.
A ello se suma que se deberá integrar copia de esta recomendación al expediente laboral y personal de la autoridad correspondiente en el hospital; realizar un estudio sobre la relación de causalidad en alto índice de partos prematuros en el municipio de Tlapa y adoptar las medidas pertinentes para su atención.
En tanto, la Fiscalía General deberá capacitar a su personal en materia de debida diligencia en la investigación ministerial y derecho de acceso a la justicia; realizar las gestiones necesarias para integrar con debida diligencia la carpeta de investigación y remitir a la CNDH las constancias que acrediten su cumplimiento.
La CNDH informó que esta recomendación fue debidamente notificada a sus destinatarios y puede ser consultada en el sitio oficial del organismo.
