Siete agentes de inmigración llenaron una tienda 7-Eleven en la madrugada del miércoles, esperaron a que la gente pagara sus compras y dijeron a los clientes que llegaron y a un repartidor que llevaba cerveza que esperasen fuera. Había una inspección federal en marcha, dijeron.
En 20 minutos verificaron que el cajero tenía un permiso de residencia válido y emplazaron al propietario a presentar en tres días los registros de contratación relacionados con la situación migratoria de los empleados.
El proceso, bien ensayado y ejecutado con discreta eficiencia en el barrio coreano de Los Ángeles, se reprodujo en unas 100 tiendas 7-Eleven en 17 estados y el Distrito de Columbia, una operación en marcha que las autoridades describieron como la mayor redada de inmigración contra un único empleador durante la presidencia de Donald Trump.
Las auditorías y entrevistas con empleados de las tiendas podrían llevar a cargos penales o multas. Y parecieron abrir un nuevo frente en la creciente campaña de Trump de control de inmigración, que ya ha aumentado en un 40 por ciento las detenciones para deportaciones y promesas de gastar miles de millones de dólares en un muro fronterizo con México.
Un alto cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), dijo que la operación era “la primera de muchas” y “un indicador de lo que vendrá” para los empleadores.
“Eso es para lo que nos preparamos este año, y lo que vas a ver más y más son este tipo de operaciones a gran escala, para empezar”, dijo Derek Benner, jefe interino de unidad de Investigaciones de Seguridad del ICE, que supervisa las causas contra empresas.
“No va limitarse a grandes compañías ni una industria en particular, grande o pequeña”, agregó.
Tras las inspecciones, los funcionarios planeaban examinar si hay casos que merezcan una acción administrativa o una investigación penal, dijo Benner.
7-Eleven Stores Inc, con sede en Irving, Texas, dijo en un comunicado que los dueños de sus franquicias son responsables por la contratación y la verificación de la elegibilidad para empleo.
La cadena, que tiene más de 8 mil 600 tiendas en Estados Unidos, dijo que ha anulado acuerdos de franquicia con anterioridad para dueños declarados culpables de violar leyes laborales.
A diferencia de operaciones previas, las acciones del miércoles se centraron en personal administrativo, aunque 21 trabajadores fueron detenidos en distintos puntos del país bajo sospecha de estar en el país de forma ilegal.
Las contrataciones ilegales no suelen perseguirse en lo judicial, en parte porque las investigaciones toman tiempo y las condenas son difíciles porque los empleadores pueden argumentar que fueron engañados con documentos fraudulentos. Algunas empresas descuentan las multas administrativas como un coste del negocio.
Amy Peck, abogada de inmigración de Omaha, Nebraska que representa a empresas dijo que perseguir a los empleadores no dará resultado porque el gobierno tiene recursos limitados y hay muchos trabajos que la gente con permiso de residencia no quiere hacer.
“Cuando ocurren estas auditorías, los empleados se dispersan y salen a la calle y trabajan para otro”, dijo Peck
Algunos defensores de un control estricto de la inmigración han presionado a Trump para que tome medidas contra los empleadores. Mark Krikorian, director del Center for Immigration Studies, dijo que las inspecciones eran un “buen indicio” de que el gobierno se toma en serio perseguir a los empleadores. Sin embargo, señaló, el gobierno tendría que ir más allá de las auditorías.
“Es importante para Trump mostrar que no detienen solo al desafortunado muchacho hondureño, sino también al empleador estadounidense con influencia política”, dijo.
Los estados donde hubo redadas en locales 7-Eleven el miércoles fueron California, Colorado, Delaware, Florida, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, Misuri, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Texas y Washington.
En la tienda del barrio coreano de Los Ángeles, resultó que el administrador de la tienda estaba en Bangladesh, mientras que el dueño, contactado por teléfono, le dijo al cajero que aceptara los documentos que le entregaran los agentes.
El dependiente dijo desconocer que hubiera documentos para demostrar que podía optar a un trabajo y se le pidió que circulara unos folletos informativos para programas voluntarios dirigidos a un mejor cumplimiento de las leyes migratorias.
