Nicholas Garaufis, juez de distrito en Brooklyn, detuvo la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cancelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), pues no se ofrecieron argumentos jurídicamente adecuados.
Daca no finalizará en marzo próximo como se tenia previsto, además de que esta decisión se autorizó a casi un mes después de un fallo en la misma línea, de un juez federal en San Francisco, quien dijo que el programa debería de permanecer mientras se desarrolla el litigio sobre la decisión de acabar con el.
Garaufis hizo énfasis en que el mandatario norteamericano indiscutiblemente tiene la autoridad para poner fin a DACA, pero se sustentó en posiciones legales deficientes.
“La corte encuentra que los daños irreparables identificados por los demandantes son resultado, en gran medida, del fracaso (del Departamento de Seguridad Nacional -DHS-) en renovar permisos existentes de acción diferida y especialmente de permisos de trabajo, y no de su rechazo a aceptar nuevas solicitudes iniciales de DACA”, explicó el juez.
Ordenó que el gobierno de Trump permita que las personas que ya pertenecen al programa DACA sigan recibiendo protección, y rechazó extender el programa para acoger nuevos solicitantes.
De no tomarse esta decisión, un aproximado de 122 beneficiarios que no pudieron renovar sus permisos antes del 5 de octubre de 2017, perderían su protección; «DACA no es inconstitucional simplemente porque fue implementada por una acción unilateral y ejecutiva, sin autorización del Congreso«.
