La organización Transparencia Mexicana reveló este miércoles que México retrocedió 12 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, al ubicarse en el puesto 135 de 180 países, frente al 123 de 176 de 2016.
Este resultado coloca a nuestro país como el peor entre las naciones del G-20 y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señaló.
“A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, y probablemente por las resistencias que ha despertado, México cayó en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017”, señaló en un comunicado conjunto con Transparencia Internacional.
Respecto al Índice de Percepción de la Corrupción 2017, México tuvo una calificación de 29 puntos, en una escala que va de 0 a 100, con 0 como el peor evaluado y 100 en el extremo opuesto.
“A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay”, indicó el organismo.
Transparencia Mexicana recordó que aunque el país ocupó el sexto lugar de 102 en el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017 y posicionarse como el mejor país del continente americano, la transparencia por sí sola no representa una reducción de la corrupción.
Por ello, algunas de las recomendaciones son: asegurar la correcta implementación del sistema anticorrupción en México, e incorporar en dicho sistema a la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para fortalecer las investigaciones de grandes casos de corrupción como lavado de dinero y empresas «fantasma«.
Asimismo se plantea crear una Fiscalía General de la República autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción no dependa ni de la política, ni de intereses privados.
Además de avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, entre lo que se incluye la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.
