El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo expediente contra el gobernador con licencia de Nuevo León y aspirante a una candidatura independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez, El Bronco.

Según la investigación abierta por el INE, Rodríguez Calderón estaría acusado de presunto uso de recursos públicos al recolectar firmas para obtener la candidatura presidencial independiente.

El pasado 15 de febrero, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República solicitó a las autoridades electorales investigar a El Bronco por presunto uso de recursos económicos, humanos y materiales del gobierno de Nuevo León para recolectar firmas de apoyo.

A través de un punto de acuerdo, el PRI llamó al INE y a la Fiscaa Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a investigar al gobernador con licencia de Nuevo León por este caso.

También solicitó a la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León realice las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades administrativas y penales de diversos servidores públicos del gobierno estatal que presuntamente coaccionaron a subordinados y autoridades educativas en la recopilación de firmas para El Bronco.

Refirió que más de 50 por ciento de las firmas recabadas a favor de Rodríguez Calderón se recolectó en horas laborales de servidores públicos del gobierno de la entidad.

El instituto político expuso que tan sólo el secretario de Salud recaudó tres mil 151 apoyos, de los cuales al menos mil 661 fueron anexados a la plataforma del INE entre las 9 y las 18 horas.

Aseveró que en la recolección de firmas también están involucrados los secretarios de Desarrollo Social, de Infraestructura, el encargado de la Tesorería y hasta el secretario general de Gobierno, destaca en el punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria.

En ese entonces, afirmó que esta es una clara violación a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que en su artículo 11 establece que se hará acreedor de una sanción el servidor público que “coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, o voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición”.