Luego de que una nueva ley de juicio político se aprobó el martes pasado por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Chihuahua (sin los diputados de los demás partidos), Reydeceel Sáenz, abogado del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estatal, Gabriel Sepúlveda, consideró que esta acción es para quitarle el fuero a su cliente y llevarlo a la cárcel por haber fungido como servidor público en la administración del exgobernador César Duarte, al igual que al magistrado Jorge Abraham Ramírez.
El abogado de Sepúlveda indicó que prevén que, en un plazo de un mes, los magistrados sean removidos del cargo y les retiren el fuero para detenerlos, por lo que tendrían que interponer amparos, ya que se les dictaría prisión preventiva en el penal de Aquiles Serdán.
“Sabemos que en la cárcel aplican tortura psicológica: todo el día están en su celda con las luces prendidas, los obligan a que se declaren culpables, estamos en una situación muy pesada y a ver cómo logramos sopesar”, expresó Sáenz en una entrevista con el diario 24 Horas.
El magistrado Ramírez manifestó que es importante que exista una ley contra corrupción y la impunidad, sin embargo, indicó que le preocupa que haya impuesto su mayoría el partido gobernante en el estado, “porque me hace pensar que no hay consensos al interior”.
Recordó que el martes pasado, en la comisión dictaminadora, diputados de diversas fuerzas políticas mencionaron que la premura con la que querían llevar el tema al pleno era más por “una persecución en contra de los magistrados ya que no había sido suficientemente discutida”.
Por su parte, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Crystal Tovar, comentó que la propuesta de juicio político se mantuvo en reserva de estudio desde abril de 2017.
“Y apenas empezó la discusión hace ocho días, hubo una participación de todas las fracciones políticas sobre las opiniones que fueran previstas en esa ley, las cuales no todas fueron contempladas, y por una mayoría que tiene Acción Nacional, pues así salió”, dijo.
Según Tovar, se tenía previsto que dicha ley sería examinada por todos los partidos para emitir opiniones; no obstante, el proceso tuvo contratiempos.
Los magistrados son acusados de un supuesto desvío de recursos en el TSJ de Chihuahua por 7.1 millones de pesos por la adquisición de una bóveda de almacenamiento digital para videos y audios de las audiencias de juicios orales, la cual habría sido comprada con un sobrecosto del 45 por ciento, pese a que Sepúlveda aún no ejercía el cargo de presidente de dicho órgano y, por ello, no firmó ningún contrato.
Mientras, la acusación a Ramírez recae en que no tuvo el debido cuidado en la aportación del recurso, ya que la bóveda debía estar instalada en marzo de 2016 y fue hasta mayo cuando se recibió, pero el retraso obedeció a que el TSJ cambió de domicilio.
