Las niñas y mujeres con discapacidad enfrentan una doble desigualdad, pues se trata de un sector que ha vivido marginado, “invisibilizado”, y es deber de los responsables del servicio público, de profesionales de la salud y del resto de la población, garantizar el respeto a sus derechos humanos.
La jefa del Departamento de Salud del Instituto Nacional de las Mujeres, Adriana Soto Andalón, indicó que se deben diseñar políticas públicas dirigidas a combatir las causas históricas y estructurales que impiden y obstaculizan su desarrollo.
Al participar en el Seminario Permanente de Género y Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la especialista recordó que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad refiere que en ese concepto se incluye a quienes presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.
En la mesa “Las necesidades de la salud de las mujeres con discapacidad”, explicó que los cinco tipos de discapacidad son física o motriz; auditiva; visual; mental o psicosocial como depresión, esquizofrenia; e intelectual y hay quienes presentan múltiples discapacidades.
En el encuentro, realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer, Soto Andalón recordó que en 2015 la Organización Mundial de la Salud estimó que 15 por ciento de la población del planeta presenta una condición de discapacidad.
En México, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, hay 7.1 millones de personas con alguna condición de discapacidad, es decir, seis por ciento de la población total: 3.3 millones de hombres y 3.8 millones de mujeres.
En su oportunidad, Verónica López, titular de la División de Unidades de Rehabilitación del Instituto Mexicano del Seguro Social, mencionó que en ocasiones hay una oferta limitada de servicios, no hay equipos especializados, hay obstáculos físicos, además de aptitudes y conocimientos inadecuados del personal sanitario.
En ese sentido, señaló que se debe identificar claramente a la población con alguna discapacidad; evaluar políticas vigentes y mejorar el acceso e inclusión para ese sector de la población.
