De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría de Gobernación (Segob) debe dar a conocer el documento mediante el cual la Fiscalía de Chihuahua solicitó al titular de la Comisión Nacional de Seguridad el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez a un penal federal.
Tras la solicitud del documento por parte de un particular, la Segob se declaró incompetente para otorgar la información, argumentando que no se encontraba dentro de las atribuciones del Comisionado Nacional de Seguridad.
Inconforme con esta respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la Segob no le proporcionó la información solicitada y en la relación de sujetos obligados del gobierno federal, no aparece la Comisión Nacional de Seguridad.
Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez afirmó que esta solicitud de acceso permite mostrar la utilidad de la información pública, como una herramienta clave para identificar posibles casos de corrupción y verificar que los procesos se lleven a cabo con estricto apego a la ley.
“El caso Alejandro Gutiérrez es uno más que ha cimbrado a la opinión pública por evidenciar el lastre que representa la corrupción en el país“, señaló.
Salas Suárez destacó que “ante las diferentes posturas de los niveles de gobierno y el debate sobre cómo se debe llevar a cabo la investigación y en qué condiciones, la información pública ayuda a clarificar cómo se ha llevado a cabo el proceso y a vigilar que no culmine en impunidad“.
El comisionado recordó que a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez se le investiga por posible peculado y desvío de recursos públicos a las campañas electorales en 2016.
Estas averiguaciones podrían estar relacionadas con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2016, pues detectó un posible daño al erario público por poco menos de 200 millones de pesos, con dos fondos y un programa educativo federales destinados a Chihuahua.
“El debate y los acuerdos entre autoridades sobre este tipo de casos si no van acompañados de información pública ponen en tela de juicio la imparcialidad de los procesos mediante los cuales son investigados y juzgados los actos de corrupción”, subrayó.
Por lo anterior, el Pleno del INAI, a propuesta de Salas Suárez, revocó la respuesta de la Segob y le instruyó asumir la competencia para conocer la información solicitada por el particular, así como realizar la búsqueda del documento requerido para entregarlo al particular.
